SALTA – Una encuesta provincial revela que casi la mitad de los salteños se opone al regreso del sistema de Ley de Lemas. Asimismo, más de la mitad cree que responde a una estrategia para ganar elecciones. El director del estudio, Benjamín Gebhard, advierte sobre un clima de desconfianza política.
Un reciente estudio de opinión pública realizado en la provincia de Salta expone un escenario complejo para el oficialismo en torno al intento de reinstalar la Ley de Lemas. Según los datos relevados entre el 17 y el 19 de abril de 2026, con una muestra de 800 casos y un nivel de confianza del 95%, el 45,7% de los consultados se manifestó en contra de la medida, mientras que solo el 7,6% la apoya. Un significativo 46,7% optó por no tomar posición, lo que evidencia un alto nivel de incertidumbre o desconocimiento sobre la reforma.
Pero el dato más sensible no está únicamente en el rechazo, sino en la percepción de las motivaciones políticas detrás del proyecto. El 56,7% de los encuestados considera que el gobierno impulsa la Ley de Lemas para “aumentar sus posibilidades de ganar las elecciones”, muy por encima de quienes creen que se trata de una modernización del sistema (4,2%) o un intento de ordenar la interna oficialista (7,1%). Este diferencial marca un fuerte sesgo de desconfianza hacia la dirigencia.
El informe, dirigido por Benjamín Gebhard, señala que estos resultados configuran “un contexto donde la legitimidad de las reformas electorales está condicionada por la credibilidad del sistema político”. En términos analíticos, esto implica que cualquier intento de modificación institucional sin consenso amplio corre el riesgo de ser leído como maniobra oportunista.
Desde una perspectiva estratégica, el elevado porcentaje de indecisos (Ns/Nc) también representa una zona de disputa clave. No se trata de apoyo latente, sino de un electorado desinformado o desconectado, lo que abre interrogantes sobre la capacidad del gobierno para instalar el tema en agenda con narrativa favorable.
En síntesis, la encuesta no solo mide opinión sobre una herramienta electoral, sino que refleja un clima político más profundo: escepticismo, baja confianza institucional y percepción de ventajas partidarias. En ese marco, avanzar con la reforma sin construir legitimidad social podría tener costos políticos significativos.
