SALTA – La aprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados de Salta no solo reconfigura las reglas de competencia política, sino que también dejó al descubierto fisuras dentro del propio oficialismo que respalda al gobernador Gustavo Sáenz. Bajo el paraguas de la denominada Ley de Participación Democrática —que en los hechos recupera la lógica de la ley de lemas— emergieron matices, desacoples estratégicos y tensiones que podrían escalar en el Senado.
El dato político más relevante fue la posición del diputado Luis Mendaña, quien, pese a acompañar conceptualmente el sistema, firmó un dictamen de minoría introduciendo una modificación de alto impacto institucional: propuso eliminar la elección en fórmula del gobernador y vicegobernador para que ambos cargos se voten por separado. La iniciativa, aunque no prosperó, revela una discusión de fondo dentro del oficialismo sobre la distribución del poder.
Desde una perspectiva analítica, el planteo de Mendaña apunta a romper la lógica hiperpresidencialista a nivel provincial, promoviendo un esquema que obligue a la construcción de consensos interpartidarios en el Ejecutivo. De haberse aprobado, habría introducido un incentivo institucional inédito en Salta: la posibilidad de gobiernos “divididos” en la cúspide del poder, con un gobernador y un vice de distinto signo político. Esto, lejos de ser un detalle técnico, implicaba alterar el equilibrio de gobernabilidad.
Sin embargo, el oficialismo optó por cerrar filas en torno al dictamen de mayoría, defendido por figuras como Germán Rallé, quien buscó desdramatizar las críticas y encuadrar la reforma como una “modernización electoral” destinada a cubrir el vacío dejado por la eliminación de las PASO. En paralelo, también intentó desacoplar al gobernador del costo político del proyecto, atribuyendo la iniciativa al Poder Legislativo.
Pero las tensiones no se limitan al recinto. El verdadero foco de incertidumbre se traslada ahora al Senado, donde los representantes de municipios más pequeños observan con preocupación el impacto del nuevo sistema. En distritos de baja densidad electoral, la acumulación de votos por lemas podría diluir liderazgos locales y favorecer estructuras políticas con mayor capacidad de armado en centros urbanos, alterando la representación territorial.
A esto se suma un elemento político no menor: la falta de convocatoria amplia para discutir la reforma. Espacios como el PJ intervenido, sectores de la oposición y referentes como Juan Manuel Urtubey cuestionaron tanto el diseño como el proceso, señalando que se trata de un cambio estructural sin consensos básicos.
En este contexto, la reforma avanza, pero con un oficialismo que muestra señales de tensión interna y un escenario legislativo que, lejos de ordenarse, anticipa nuevos capítulos de conflicto político en la provincia.
