SALTA.- (Con Renato Ocampo) Tras casi una década de silencio electoral, el PRO Salta atraviesa un proceso de normalización que parece haber despertado más fantasmas que certezas.
Según advierte Alberto “Beto” Castillo, en diálogo con EL INTRA, que el partido se encuentra en una situación crítica, al borde de una resolución de la Justicia que podría sentenciar su personería jurídica tras un periodo de nueve años de inacción democrática.
Sin embargo, lo que debió ser un camino ordenado hacia la institucionalidad se ha transformado en un campo de batalla. Según Castillo, se pone en juego mucho más que una estructura partidaria: se disputa la supervivencia de una identidad política que hoy parece estar siendo “ofrendada” a intereses externos.
El conflicto
El conflicto estalló ante el fracaso de una lista de unidad que pretendía equilibrar a todos los sectores. Castillo denuncia que, detrás de la ruptura, emerge la sombra de un exministro y expresidente del partido que “por supuesto, no da la cara, porque no aparece”, intentando imponer una nómina que relegaba a los demás sectores a una posición marginal, lo cual calificó como una “cachetada”.
Al no lograrse el consenso, el proceso derivó en una presentación de listas donde la transparencia brilla por su ausencia. “La lista de ellos era una lista de funcionarios de Grand Bourg, faltaban ministros de Grand Bourg nada más”, sentenció el dirigente, sugiriendo una peligrosa simbiosis con el Gobierno actual.
La crítica de Castillo no es solo política, sino reglamentaria. Apela al artículo 49, inciso d, de la carta orgánica, el cual prohíbe que funcionarios de gobiernos ajenos a una alianza oficial del PRO ocupen cargos partidarios.
Para Castillo, esta maniobra obedece a una decisión de dirigentes que buscan “ofrendarle al gobierno un espacio político que antes no estaba”, una acción que atenta directamente contra un partido que lucha por “recobrar después de 9 años su identidad, su impronta y su volumen político”. En sus palabras, la intención detrás de esta lista oficialista es meramente “electoralista”, reduciendo al PRO a ser simplemente “un partido más dentro de una nómina de 30”.
La gravedad de las denuncias escala al terreno de la legalidad electoral. Castillo alerta sobre la existencia de nombres en la lista opositora que habrían sido incluidos sin consentimiento. “Dirigentes que estaban apoyándonos a nosotros aparecieran en la lista de ellos, y nos dicen que de ninguna forma firmaron, que de ninguna forma dieron aceptación a ese cargo”, dijo. De confirmarse, el dirigente asegura que estarían ante una “estafa o un fraude electoral” que terminará en la justicia federal. Este escenario de escándalo y supuestas amenazas ha generado un clima de miedo que, a su juicio, “conspira contra cualquier principio democrático de participación”.
La salida de Álvarez Eichele
Finalmente, Castillo vinculó los recientes incidentes con Agustina Álvarez a esta falta de transparencia impulsada por “actores por fuera del proceso electoral”. A pesar del convulso panorama, mantiene su confianza en que la intervención y la junta electoral tomarán las “decisiones correctas” para frenar lo que describe como una “fuga de dirigentes” y devolverle al PRO el protagonismo perdido.
