SALTA.- (Por Renato Ocampo) La situación institucional de Carlos Maximiliano Casasola ha llegado a un punto de no retorno en el Concejo Deliberante de Salta Capital. Lo que comenzó como una denuncia por violencia de género ha derivado en una crisis de legitimidad que la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial ha decidido abordar sin dilaciones, rechazando de cuajo el pedido de licencia por «razones personales» que el edil pretendía utilizar como escudo. Para el cuerpo legislativo, el mensaje es claro: el expediente no se detendrá por una salida transitoria; la conducta del concejal será juzgada bajo la lupa de la normativa municipal.
El debate central se apoya en el artículo 19 de la Carta Municipal, que introduce la figura de «incapacidad moral sobreviniente». Este eje jurídico permite al Concejo evaluar si un representante denunciado por hechos que afectan su idoneidad moral puede seguir ocupando una banca que pertenece a la ciudadanía. Actualmente, existen dos dictámenes que se dirimirán este miércoles: uno de mayoría, que busca la suspensión total de funciones y dieta hasta que la Justicia se pronuncie, y otro de minoría, más severo, que exige su exclusión definitiva. La fractura interna en el bloque de La Libertad Avanza (LLA) expone la gravedad del caso. El concejal Rodrigo Quinteros ha sido letal en sus críticas, tildando de «paupérrima» la defensa de Casasola.
También es cierto que se trata ya de un segundo caso dentro del mismo espacio, ya que Pablo López fue expulsado del cuerpo en el periodo anterior, con este mismo aval que otorga la Carta Organica Municipal, pero volvió a asumir tras haber sido reelecto en las pasadas elecciones legislativas. La diferencia con Casasola es que este en este segundo caso el concejal acusado no se encuentra imputado formalmente, al momento del tratamiento sobre su permanencia en el recito, por lo que las especulaciones pueden variar entre una suspensión, en la cual no habría un reemplazo dentro de ese bloque, o una expulsión definitiva, en donde sí debería asumir quien le siga en la lista del partido electo.
Resulta llamativo que ni para López ni para Casasola, La Libertad Avanza, como partido, se haya pronunciado o bien actuado para al menos intentar “mantener buena imagen” y mostrar cierto apoyo a las víctimas o bien tomar alguna posición que los diferencie de los acusados, ya que evidentemente los procesos de selección de candidatos no fueron los óptimos.
En menos de un año enfrentan dos juicios políticos por concejales denunciados por violencia de genero. La Carta Orgánica municipal se encuentra en proceso de reforma con mayoría de LLA, ¿Harán algo con respecto a la expulsión de ediles en casos como estos?
