SALTA.- (Por Diego Nofal) La calma chicha de la política norteña se vio sacudida esta semana por una denuncia tan grave que ni el mejor dramaturgo podría haberla imaginado. Desde el programa de streaming “Caramelo con Picante”, el periodista Carlos Robles lanzó una acusación explosiva que involucra a la familia Quintar, un clan con profundas raíces en Jujuy y un apéndice de poder en la provincia de Salta. En el centro de la polémica se encuentra Alba Quintar, la actual Coordinadora Interministerial encargada de la prevención de adicciones, cuya agenda oficial ahora compite con un escándalo familiar digno de una obra policial. Robles, con el estilo filoso que caracteriza su ciclo, no se guardó nada a la hora de detallar las maniobras que, según su investigación, viene ejecutando este grupo familiar.
El periodista explicó que el modus operandi del Grupo Quintar era tan meticuloso como retorcido, casi como una coreografía ensayada para despojar a los más vulnerables. Según la denuncia, la familia identificaba a pacientes en etapa terminal que estaban internados en las clínicas “Los Lapachos”, un establecimiento que forma parte del vasto patrimonio familiar en el rubro de la salud. Una vez seleccionada la presa, los enfermos eran trasladados con una precisión burocrática a la Residencia “Hotel Fenicia”, un lugar que prometía cuidados pero que, en los hechos, funcionaba como la antesala de un despojo planificado. Resulta una paradoja macabra que un hotel, sinónimo de descanso, se convierta en el escenario de una operatoria tan turbia.
En ese punto de la maniobra entraba en acción un equipo de abogados y escribanos que, cual escuadrón de cirujanos legales, operaba para apropiarse de los bienes de los pacientes terminales. El mecanismo estaba tan aceitado que parece el manual de instrucciones de una fábrica de despojos, donde los testamentos y las voluntades se torcían al antojo de los depredadores patrimoniales. La denuncia de Robles apunta a que este esquema no sería un hecho aislado, sino una práctica sistemática que la poderosa familia del norte argentino ejecutó durante años sin que nadie moviera un dedo. Hasta ahora, claro, porque el caramelo comenzó a derretirse y el picante apareció en escena para incomodar a más de uno.
Lo que convierte este caso en un terremoto político es la conexión directa con Alba Quintar, quien desde su cargo público debería velar por la salud y el bienestar de los salteños. La funcionaria, que asumió en medio de promesas de transparencia y lucha contra las adicciones, enfrenta ahora una tormenta que amenaza con llevarse puesta su credibilidad y la de toda su estructura familiar. No deja de ser irónico que quien debe coordinar la prevención de consumos problemáticos termine envuelta en un escándalo que, de comprobarse, demostraría una adicción incontrolable de su familia por los bienes ajenos. La sociedad salteña observa con estupor cómo las acusaciones salpican a una de las figuras emergentes del espacio libertario en la provincia.
El telón de fondo de esta historia, como no podía ser de otra manera, lo puso el diputado nacional Manuel Quintar cuando decidió ir al Congreso subido a un Tesla Cybertruck, un vehículo que cuesta más que la fantasía de un jubilado en el PAMI. Aquella excéntrica aparición fue la chispa que encendió la pradera, porque desató una ola de preguntas sobre el verdadero origen de la fortuna familiar y expuso las contradicciones de un discurso de austeridad que se desmorona apenas uno se sube a una camioneta de lujo. El “DipuTesla”, como lo bautizaron las redes sociales con esa crueldad digital tan argentina, se convirtió en el símbolo involuntario de una investigación que ahora abarca mucho más que un simple vehículo de alta gama. La grúa que se llevó la camioneta por falta de papeles fue apenas un anticipo de los dolores de cabeza que se avecinan.
El caso está ahora en manos de la justicia federal, que deberá determinar si las gravísimas acusaciones de Robles tienen sustento probatorio o si se trata de otra denuncia mediática que se diluye entre los pasillos de Tribunales. Lo cierto es que la investigación preliminar ya encendió las alarmas en el mundo político, mientras los Quintar ensayan una defensa que, por ahora, resulta tan endeble como la coartada de un personaje de comedia barata. Mientras tanto, la opinión pública se debate entre la indignación y el morbo, esperando que alguien explique cómo una familia que se dedica a cuidar enfermos pudo terminar señalada como una banda de despojadores profesionales. El caramelo de la impunidad, al parecer, empieza a tener un sabor demasiado picante para el clan Quintar.Grave denuncia contra Alba Quintar y su familia
La política salteña amaneció esta semana con un escándalo que ya recorre todos los grupos de WhatsApp y amenaza con convertirse en el culebrón del año. Desde el ciclo de streaming “Caramelo con Picante”, el periodista Carlos Robles formuló una denuncia estremecedora contra la poderosa familia Quintar, oriunda de Jujuy pero con un firme y estratégico apéndice de poder en la Provincia de Salta. En el ojo de la tormenta quedó ubicada Alba Quintar, la Coordinadora Interministerial de Prevención de Adicciones, una funcionaria que ahora ve cómo su gestión queda sepultada bajo una catarata de acusaciones gravísimas. La denuncia, lanzada sin anestesia durante la transmisión en vivo, pintó un panorama tan oscuro que hasta los memes quedaron en segundo plano.
Carlos Robles detalló con precisión quirúrgica un modus operandi que, de comprobarse, dejaría chiquitos a los guiones de las series policiales más retorcidas. Según el periodista, la familia identificaba a pacientes que transitaban su etapa terminal en las clínicas “Los Lapachos”, un establecimiento que constituye una de las joyas del patrimonio empresarial del grupo. Estos enfermos, que deberían recibir contención y cuidados paliativos, eran luego trasladados sin demasiada explicación a la Residencia “Hotel Fenicia”, un lugar con más fachada de turismo que de sanatorio. Allí, lejos de ofrecer descanso y tranquilidad, se activaba una maquinaria legal que no tenía nada de improvisada y que olía a naftalina de escribanía vieja.
El mecanismo denunciado involucraba a un ejército de abogados y escribanos que se movían como peones de ajedrez alrededor de los pacientes recién llegados al hotel. Con una coordinación digna de una orquesta, estos profesionales tejían la telaraña legal necesaria para apropiarse de los bienes de las víctimas, quienes probablemente no imaginaban que su última parada sería un laberinto sucesorio. Este entramado, según Robles, constituye una maniobra aceitada que la familia Quintar, uno de los clanes más poderosos del Norte Argentino, venía ejecutando con una impunidad alarmante. Resulta llamativo que semejante despliegue de ingeniería jurídica no se aplicara a causas nobles, sino a un despojo sistemático que escalofría.
La conexión con Alba Quintar convierte este caso en una bomba de tiempo para el gobierno provincial y para el espacio político que ella representa con tanto entusiasmo libertario. La Coordinadora Interministerial, encargada de prevenir adicciones y consumos problemáticos, queda ahora en una posición insostenible mientras su propia familia es acusada de tener una adicción descontrolada por los bienes ajenos. La paradoja es tan evidente que hasta los columnistas más serios esbozan una sonrisa, porque resulta difícil explicar cómo quien debe cuidar la salud pública integra un grupo familiar señalado por presuntamente devorar patrimonios de enfermos. La credibilidad de la funcionaria pende de un hilo más fino que los cables del Tesla de su hermano.
Porque, como no podía faltar en esta historia, el telón de fondo del escándalo lo puso el diputado nacional Manuel Quintar cuando llegó al Congreso montado en un Tesla Cybertruck, un vehículo que parece salido de una película de ciencia ficción. Aquella aparición estelar fue la chispa que encendió la pradera, ya que desató preguntas inevitables sobre el origen de la fastuosa fortuna familiar y sobre los negocios que la sustentan. El “DipuTesla”, como lo rebautizaron las redes con esa mezcla de humor y crueldad que solo los argentinos dominan, se convirtió en el emblema de una opulencia que contrasta brutalmente con la realidad de los jubilados y enfermos que habrían sido víctimas del clan. La grúa que se llevó el auto por falta de papeles fue apenas un chiste comparado con los dolores de cabeza judiciales que se avecinan.
La justicia federal ya mueve sus fichas en una causa que promete ser larga, escandalosa y con más ramificaciones que un árbol de ceibo en plena primavera. Mientras tanto, la familia Quintar ensaya una defensa que por ahora resulta tan sólida como un castillo de naipes bajo un ventilador de techo, y la ciudadanía salteña observa con una mezcla de estupor e indignación el desarrollo de los acontecimientos. Las clínicas, los hoteles, los abogados y los legisladores parecen formar parte de un rompecabezas que recién empieza a armarse sobre la mesa de la opinión pública, y cada ficha que encaja revela un dibujo más perturbador que el anterior.
Este diario considera que, más allá del show mediático que inevitablemente rodea a una denuncia de semejante calibre, hay víctimas reales que merecen respuestas urgentes y contundentes. La sociedad no puede permitirse que la prevención de adicciones quede manchada por quienes, según la acusación, se intoxicaron con la ambición hasta perder todo registro ético. Porque cuando el caramelo de la impunidad se derrite, solo queda el picante de la verdad, y en este caso el picante promete ser tan intenso que ni los Quintar podrán digerirlo sin consecuencias.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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