SALTA.- (Por Renato Ocampo) Bajo el barniz de un discurso que pregona «orden y seguridad», la gestión de Emiliano Durand ha transformado las calles de Salta en un escenario de cacería fiscal, donde el vecino no es un ciudadano a educar, sino una pieza de recaudación. La política vial de esta administración, encabezada por el Secretario de Tránsito Matías Assennato, ha abandonado cualquier pretensión de prevención pedagógica para abrazar un punitivismo mediático que se alimenta del secuestro masivo de vehículos.
El despliegue de Assennato en las redes sociales roza lo grotesco. Con una prepotencia disfrazada de autoridad, el funcionario se pasea frente a las cámaras, en una suerte de «reality show» del control, espetando frases que buscan el impacto fácil: “No importa si me conocés, no me conocés… acá es alcohol cero. Te dio positivo y corresponde retener el vehículo”. Esta puesta en escena, que incluye grabaciones a vecinos en situaciones vulnerables para alimentar las cuentas oficiales, delata la verdadera prioridad oficial: el marketing de la sanción por encima de la seguridad vial real.
La efectividad de la gestión ya no se mide en vidas salvadas o accidentes evitados, sino en el volumen de vehículos que abarrotan los canchones. Solo en un operativo en el barrio El Huaico, la «eficiencia» municipal se jactó de secuestrar más de 50 motos en una sola madrugada. En otras jornadas, la cifra suma autos y camionetas de manera industrial, confirmando que la política es, ante todo, de incautación.
Tan voraz es esta política de secuestro, que desde el año pasado, el municipio se quedó sin lugar para esconder el fruto de su recaudación. La solución, fiel al estilo de esta gestión, fue un gasto millonario de espaldas a la austeridad: se resolvió por contratación directa el alquiler de un nuevo predio por un costo total superior a los $188 millones. Este contrato, que contempla un canon mensual de casi 5 millones de pesos ajustable por inflación, es el monumento a una política vial que solo sabe prohibir y cobrar, pero nunca educar.
Mientras el ejecutivo justifica estos gastos bajo la «urgencia» de tener depósitos seguros para los rodados decomisados, el ciudadano de a pie se pregunta en qué momento la seguridad vial se convirtió en un negocio inmobiliario y de grúas. La ironía es dolorosa: se gastan millones de los impuestos de los salteños para alquilar un playón donde se guardarán los mismos vehículos que les quitan a esos mismos vecinos en operativos diseñados para el aplauso digital.
La otra cara del asunto es la costosa recuperación de los vehículos. Además de abonar la multa, se debe pagar el tiempo de estadía y el traslado de la grúa. La mayoría de ciudadanos terminan dando por perdidos sus pertenencias, ya que resulta imposible en muchos casos, abonar cifras siderales para recuperar lo que para muchos es su herramienta vital para salir a trabajar.
Nadie puede estar en contra de cumplir la Ley de Alcohol Cero. Es cierto que los siniestros viales en la ciudad aumentan y en muchos casos el alcohol es lamentablemente protagonista. Pero aquí estamos ante otra situación. La gestión de Emiliano no invierte en carteles, ni campañas ni mejora en la educación vial. Simplemente hace lo que mejor sabe: videos polémicos para redes sociales, mientras engrosan la recaudación por multas y secuestros, los salteños siguen muriendo en los accidentes viales cada semana.
Salta no necesita más «shows» de madrugada ni funcionarios que actúen para la cámara oculta. Necesita una política de tránsito que entienda que la seguridad se construye con semáforos, señalización y educación, no con una chequera de multas y un playón de alquiler millonario, que solo sirve para exhibir el fracaso de una gestión que ve en cada conductor a un cajero automático.
