(SALTA).- Dirigentes de La Libertad Avanza en Salta difundieron reuniones con autoridades locales de Vialidad Nacional para mostrar avances y promesas de inversión en rutas nacionales. Pero, casi en simultáneo, el gobernador Gustavo Sáenz se hacía cargo, convenio de por medio con la conducción nacional del organismo, para que la Provincia financie las obras urgentes sobre la Ruta Nacional 9/34, en el tramo Metán–Rosario de la Frontera, conocido por los reiterados accidentes y el deterioro de la calzada.
La secuencia política dejó expuesta una fuerte contradicción entre el discurso de anuncios y la realidad de la infraestructura vial en Salta. Mientras legisladores libertarios hablaban de proyectos, fondos y nuevas concesiones para mejorar las rutas, el Gobierno provincial terminaba interviniendo con recursos propios para evitar que continúe deteriorándose una de las trazas más críticas del norte argentino.
El acuerdo firmado por Sáenz con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, establece que Salta asumirá el pago de certificados y aportará un anticipo financiero para sostener tareas de saneamiento integral de la calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas sobre la Ruta 9/34.
Una «medida excepcional» ante «imperiosas razones
La decisión fue presentada oficialmente como una medida excepcional frente a “imperiosas razones de interés público, seguridad vial y conectividad regional”. En los hechos, implica que la Provincia salga a cubrir financieramente trabajos que corresponden a una ruta nacional, ante la demora y falta de ejecución de Nación.
La denominada “Ruta de la Muerte”, especialmente en el tramo Metán–Rosario de la Frontera, acumula desde hace años cuestionamientos de vecinos, transportistas y dirigentes por el mal estado de la calzada, los accidentes y la lentitud de las obras prometidas para transformar la traza en autopista.En paralelo, referentes salteños de La Libertad Avanza difundían una reunión con el titular del Distrito Salta de Vialidad Nacional, Federico Casas.
Participaron del encuentro Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita y Roque Cornejo, quienes destacaron supuestos avances en obras sobre las rutas nacionales 9/34, 40, 16 y 51. Según difundieron desde el espacio libertario, existen más de $3200 millones previstos para distintos proyectos viales y un nuevo esquema de concesiones impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que buscaría ejecutar obras con financiamiento privado y “sin costo para el Estado”.
Un contraste en evidencia entre la gestión provincial y La Libertad Avanza
Sin embargo, el contraste político quedó rápidamente en evidencia: mientras dirigentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza comunicaban futuras inversiones y planes de infraestructura, el Gobierno salteño debía avanzar en un convenio extraordinario para garantizar que las máquinas vuelvan a trabajar sobre una ruta nacional estratégica. El propio convenio firmado por Sáenz reconoce el deterioro actual de la traza y la necesidad urgente de recuperar condiciones mínimas de transitabilidad.
También deja en claro que la intervención provincial no modifica el contrato original de obra pública, que seguirá bajo jurisdicción nacional.La situación vuelve a poner en debate el rol de Nación en el mantenimiento de rutas estratégicas del norte argentino y expone la creciente presión sobre las provincias para sostener obras públicas esenciales ante el freno de fondos nacionales.
En Salta, el caso de la Ruta 9/34 se transformó en el ejemplo más visible de esa tensión: mientras unos anuncian inversiones, es la Provincia la que termina poniendo los recursos para evitar que la ruta siga convirtiéndose en un peligro permanente para miles de usuarios.
