SALTA – El exgobernador Juan Manuel Urtubey salió al cruce de las declaraciones del jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, quien había cuestionado la rescisión de la concesión de ENJASA (Entretenimientos y Juegos de Azar S.A.) y la calificó como un “capricho” político de la gestión anterior. La polémica resurgió tras el fallo adverso del CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que condenó al Estado argentino a pagar una millonaria indemnización vinculada al conflicto con la empresa de juegos de azar.
En declaraciones a N&N por Aries, Urtubey defendió la decisión tomada durante su gobierno y aseguró que la provincia obtuvo un beneficio económico muy superior al monto reclamado actualmente. Según explicó, el fallo ronda hoy los 45 millones de dólares, mientras que la renegociación del contrato permitió recaudar cerca de 150 millones de dólares adicionales para Salta.
“El problema es cómo se cuenta la historia. Parece que algunos quieren hacer creer que fue una decisión antojadiza, cuando en realidad la Provincia ganó mucho más dinero para los salteños”, sostuvo el exmandatario.
Además, Urtubey vinculó el origen del conflicto con el modelo de concesión otorgado años atrás y apuntó directamente contra el exgobernador Juan Carlos Romero. “La concesión original era escandalosamente favorable para la empresa”, lanzó, al cuestionar las condiciones en las que se había firmado el contrato inicial de explotación del juego y al acusarlo de «regalar» la concesión a «un precio vil.
El exgobernador insistió en que durante su gestión se buscó “defender los intereses de la Provincia” y recordó que la revisión del esquema permitió incrementar considerablemente los ingresos estatales provenientes de la actividad.
El origen del conflicto
En 1998, la provincia de Salta privatizó la explotación del juego y entregó la concesión a ENJASA empresa vinculada al grupo español CODERE. El contrato otorgaba a la firma el monopolio de tragamonedas, casinos y juegos de azar en gran parte de la provincia por varias décadas.
En 2013, el gobierno de Juan Manuel Urtubey revocó la concesión a la empresa (donde participaba la extranjera Casinos Austria) por considerarla perjudicial y argumentando irregularidades.
