(Por Diego Nofal).- La multa aplicada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos al Grupo MDay, liderado por la empresaria Magdalena Day, abrió una discusión ambiental. Pero la forma en que el caso fue expuesto, amplificado y transformado en un escándalo público terminó abriendo otra discusión mucho más profunda: la del poder político detrás de determinadas decisiones administrativas. Nadie discute que una denuncia por contaminación deba investigarse ni que los organismos de control tengan la obligación de actuar cuando consideran que existen irregularidades. Lo que resulta llamativo es otra cosa: la desproporción entre el hecho investigado y la magnitud de la ofensiva pública que se desplegó alrededor del caso.
Durante varios días, el expediente de Vía Aurelia ocupó espacios centrales en medios provinciales, portales digitales, programas de radio, canales de televisión y redes sociales. La noticia dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una condena pública anticipada. Y allí aparece la pregunta que muchos en Salta se hacen en privado, aunque pocos se animan a formular en voz alta: ¿por qué este caso sí y otros no?
La responsabilidad que nadie quiere discutir
Porque conflictos ambientales de igual o incluso mayor magnitud han existido durante años en la provincia sin recibir un tratamiento semejante. El deterioro histórico del Río Arenales es conocido desde hace décadas. También lo son los problemas estructurales de infraestructura sanitaria derivados del crecimiento urbano descontrolado. Sin embargo, durante años esos temas convivieron con el silencio político, la indiferencia administrativa y la resignación colectiva. Por eso resulta, como mínimo, llamativo que ahora toda la responsabilidad pública parezca recaer exclusivamente sobre un grupo empresario privado.
La propia ciudad de Salta y su área metropolitana atravesaron en las últimas décadas un crecimiento demográfico extraordinario. Más habitantes significan más demanda de agua, más generación de efluentes, más urbanizaciones y una presión creciente sobre sistemas cloacales y plantas de tratamiento que, en muchos casos, fueron diseñados para una realidad completamente distinta. Sin embargo, cuando aparecen los problemas, la discusión pública suele concentrarse en los desarrolladores privados y rara vez en quienes debían planificar las obras necesarias para acompañar ese crecimiento.
Entonces surge una pregunta elemental. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en este proceso? Porque si el crecimiento urbano fue autorizado, promovido y acompañado por los distintos gobiernos, también corresponde preguntarse qué inversiones estructurales se realizaron para sostenerlo. Colectoras máximas, ampliaciones de plantas depuradoras, nuevas redes cloacales, infraestructura de saneamiento y planificación urbana son responsabilidades que exceden largamente a cualquier emprendimiento privado individual.
La presidenta del Grupo MDay, Magdalena Day, justamente apuntó en esa dirección cuando sostuvo que la problemática excede a Vía Aurelia y se relaciona con limitaciones estructurales de la infraestructura sanitaria existente. Puede compartirse o no su planteo. Pero reducir toda la discusión a la conducta de una sola empresa parece, cuanto menos, una simplificación conveniente. Más aún cuando durante años nadie pareció asumir con la misma vehemencia la situación general de contaminación de distintos cursos de agua de la provincia.
Una exposición pública difícil de explicar
Existe además otro aspecto que no debería pasar inadvertido. Más allá de la discusión ambiental, el Grupo MDay, liderado por Magdalena Day, enfrentó durante las últimas semanas un nivel de exposición pública extraordinario. La sanción administrativa fue acompañada por una cobertura mediática permanente, una fuerte amplificación en redes sociales y una construcción discursiva que terminó excediendo largamente el contenido técnico del expediente. La pregunta jurídica es inevitable: ¿hasta dónde llega la potestad sancionatoria del Estado y dónde comienza el eventual daño reputacional provocado por una condena pública anticipada?
Toda empresa tiene derecho a defenderse de una sanción administrativa. Pero también tiene derecho a evaluar si determinadas actuaciones, declaraciones o campañas públicas generaron perjuicios que exceden el marco normal del control estatal. La presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso no son principios reservados únicamente al ámbito penal. También forman parte de una cultura institucional que debería regir cuando se discuten responsabilidades empresarias y económicas.
Por eso resulta llamativo que conflictos ambientales, urbanísticos e incluso institucionales de similar o mayor envergadura hayan transitado durante años por carriles mucho más discretos, mientras este caso fue colocado en el centro de la escena pública con una intensidad difícil de encontrar en antecedentes recientes. La selectividad nunca es un dato menor. Cuando determinados expedientes reciben una atención excepcional mientras otros permanecen en segundo plano, es natural que surjan interrogantes sobre los criterios utilizados para establecer prioridades.
Tal vez exista una explicación estrictamente técnica. Tal vez exista una razón institucional plenamente justificada. Pero también es legítimo preguntarse si detrás de semejante despliegue no existe una decisión política de utilizar determinados casos como vehículo para instalar mensajes, disciplinar actores o desplazar otras discusiones que incomodan al poder.
La política salteña ofrece antecedentes recientes de episodios que terminaron ocupando durante semanas la agenda pública mediante una intensa amplificación mediática. Desde peleas escolares convertidas en debates provinciales hasta denuncias de intimidación pública, disputas institucionales, enfrentamientos con opositores, cuestionamientos y denuncias de persecución formuladas por periodistas, la dinámica suele repetirse: un tema concentra toda la atención mientras otros problemas de fondo desaparecen del debate. Para muchos observadores de la política provincial, el antecedente más reciente de una campaña de fuerte exposición pública fue el caso de la senadora Flavia Royón, que durante semanas ocupó espacios centrales de la agenda mediática y política. No se trata de afirmar que los casos sean iguales ni que respondan a las mismas motivaciones, pero sí de advertir un patrón que vuelve inevitable la comparación cuando determinados episodios reciben una cobertura extraordinaria mientras otros conflictos de similar o mayor relevancia transitan con mucha menor visibilidad.
Por eso muchos observadores de la realidad salteña leen este episodio con cautela. No porque nieguen la necesidad de controles ambientales, sino porque perciben una intensidad poco habitual en el tratamiento dispensado al Grupo MDay, liderado por Magdalena Day, en comparación con otros conflictos que nunca alcanzaron semejante nivel de exposición pública. Esa percepción, acertada o no, es la que alimenta las dudas sobre si detrás de la sanción administrativa existió solamente una preocupación ambiental o también una decisión política de magnificar el caso.
Quizás la contaminación exista. Quizás las responsabilidades empresarias deban determinarse y sancionarse. Pero también parece evidente que ningún río se contamina de la noche a la mañana, ninguna crisis sanitaria nace exclusivamente de un emprendimiento privado y ningún crecimiento urbano explosivo puede sostenerse durante décadas sin obras estructurales de gran escala impulsadas por el Estado.
La pregunta de fondo, entonces, sigue sin respuesta. ¿Por qué este caso recibió semejante despliegue institucional, semejante cobertura mediática y semejante exposición pública mientras otros conflictos comparables permanecieron durante años lejos de los titulares?
Tal vez la respuesta esté en un expediente. Tal vez esté en la política. Lo que parece difícil de sostener es que semejante nivel de atención haya sido producto de una simple casualidad administrativa.
Y mientras esa duda permanezca abierta, la discusión dejará de ser solamente ambiental. Pasará a ser, inevitablemente, una discusión sobre el poder.
