SALTA – (Por Renato Ocampo).- La concejal de La Libertad Avanza, Agustina Álvarez, cuestionó duramente la implementación de los Narcotests por parte de la gestión de Emiliano Durand y Matías Assennato. Tras la aprobación de un pedido de informe, la edil advirtió sobre la falta de protocolos claros, la posible falta de homologación de los equipos y la inseguridad jurídica que enfrentan los vecinos ante multas que llegan a los 600 mil pesos.
Lo que se presentó como una herramienta de prevención «para salvar vidas» ha derivado rápidamente en un escándalo legislativo y técnico. La concejal Agustina Álvarez Eichele, del bloque de La Libertad Avanza, se convirtió ayer en la voz de la resistencia institucional al denunciar la improvisación con la que se están llevando a cabo estos operativos que ya dejaron cuatro conductores sancionados.
Álvarez y el fantasma de la falta de homologación
La mayor preocupación de la concejal radica en la opacidad técnica de los equipos utilizados. Los dispositivos electrónicos actuales analizan muestras de saliva para detectar sustancias como THC, cocaína y anfetaminas en cinco minutos. Sin embargo, Álvarez fue tajante al exigir precisiones sobre la procedencia y legalidad de esta tecnología: “¿Quiénes las controlan? ¿Están homologadas o no están homologadas?”, cuestionó con firmeza ante sus pares.
Para la edil, la falta de certificación oficial no es un detalle menor, sino la base del derecho ciudadano. “Este tipo de garantías nos va a asegurar a nosotros la credibilidad en el sistema, y nos va a asegurar a nosotros que, ante cualquier control, estas máquinas funcionen, y que no vamos a tener resultados que sean deficientes o que sean poco congruentes, o que incluso no vayan en contra de la realidad”, advirtió.
Multas de $600 mil y un vacío legal alarmante
La gestión Durand ha establecido sanciones para aumentar la billetera propia: el positivo por estupefacientes implica el secuestro del vehículo, la quita de 20 puntos del scoring, retención de licencia y multas que oscilan entre los $200 mil y $600 mil. Pese a la dureza de las penas, los protocolos de actuación parecen brillar por su ausencia.
“He presentado un pedido de informe, porque creo que nosotros tenemos que tener ciertas garantías para el funcionamiento de este tipo de sistema”, explicó Álvarez, quien sospecha que el municipio ha saltado etapas fundamentales en la reglamentación.
Según fuentes técnicas, hoy no existe tecnología que diferencie fehacientemente sustancias legales de ilegales en un control de calle, lo que genera dudas sobre el consumo de hoja de coca, hábito culturalmente arraigado en Salta, y el uso de cannabis medicinal bajo el registro REPROCANN.
Sobre este punto, Álvarez exigió conocer a fondo “cuáles son los protocolos que se van a utilizar, cuáles son los mecanismos, cuáles son las garantías, cuáles son las máquinas, cuáles son los tipos de drogas que van a detectar el cuerpo”. La edil recordó que la normativa no debe limitarse a estupefacientes ilegales, sino también a “aquellos medicamentos que generen una alteración en el cuerpo que no permita que la persona tenga la reacción necesaria a la hora de manejar”.
Hacia la «Seguridad Jurídica» en las calles de Salta
Mientras Matías Assennato defiende la medida alegando que «no es cuantitativo» y que el mero positivo habilita la sanción, especialistas y legisladores temen una ola de juicios contra la Municipalidad por procedimientos mal ejecutados.
“Todo lo relacionado a la vía pública es parte de las facultades de la municipalidad y de este cuerpo deliberante”, recordó la concejal Álvarez para marcarle la cancha a Durand. La protagonista de la jornada legislativa adelantó que, dependiendo de las respuestas que brinde el Ejecutivo, el Concejo deberá intervenir activamente: “Vamos a analizar si tenemos normas que realmente respeten las garantías, o sea, desde el Concejo vamos a tener que dar y brindar distintos tipos de soluciones, incluso crear protocolos que realmente generen seguridad jurídica”, concluyó.
