SALTA – La tensión dentro de la Auditoría General de la Provincia sumó un nuevo capítulo. La Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) declaró “persona no grata” al expresidente del organismo, Gustavo Ferraris, tras denunciar presuntas situaciones de persecución laboral, hostigamiento hacia los trabajadores y hechos que calificaron como un vaciamiento institucional durante su gestión.
La decisión fue comunicada por el gremio luego de una serie de declaraciones públicas realizadas por Ferraris en distintos medios de comunicación, las cuales fueron interpretadas como un agravio hacia el personal de la Auditoría.
«El doctor Ferraris tuvo palabras poco felices sobre el personal y, por supuesto, este gremio defiende la capacidad y la idoneidad de los trabajadores de la Auditoría General de la Provincia», sostuvo Milton Rolando Torres, secretario general de APOC.
Según explicó el dirigente sindical en Infinito 96.5, el malestar no se limita únicamente a los dichos recientes del exfuncionario. También aseguró que existen denuncias formuladas por exagentes del organismo que apuntan contra la gestión de Ferraris y que habrían motivado la postura adoptada por el gremio.
«El doctor, en videos y distintos medios, trata mal a los trabajadores de la Auditoría, con una apreciación muy baja respecto al personal. En realidad, el personal dependió de él durante mucho tiempo», afirmó Torres.
Irregularidades
Uno de los puntos más delicados planteados por APOC está relacionado con una presunta extracción irregular de documentación perteneciente al organismo de control. De acuerdo con el sindicato, un contador que ocupaba un cargo político durante la presidencia de Ferraris habría retirado material institucional de las oficinas de la Auditoría.
«Se hace referencia también a una denuncia que realiza un contador, uno de los cargos políticos del expresidente, que sacó documentación de la Auditoría. Es un hecho muy grave que está contemplado en el reglamento interno. En este caso se sacaron varias cajas», señaló el titular gremial.
Torres agregó que esa situación habría sido denunciada formalmente y que, según la información que maneja el sindicato, la presentación llegó a conocimiento de la Fiscalía de Estado.
La declaración de «persona no grata» representa una fuerte señal política e institucional contra quien estuvo al frente de uno de los principales organismos de control de la provincia. Además, expone un conflicto que trasciende las diferencias gremiales y abre interrogantes sobre el funcionamiento interno de la Auditoría durante los últimos años.
