SALTA – La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, volvió a ponerse al frente del lobby por los biocombustibles y reclamó una modificación del marco regulatorio vigente, al asegurar que la Argentina atraviesa una “oportunidad histórica para el desarrollo de las provincias” y que es necesario sancionar una nueva ley para impulsar el sector.
“Espero que no dejemos pasar esta oportunidad y podamos tener una nueva ley de biocombustibles que impulse el desarrollo y nuevos combustibles”, sostuvo la exsecretaria de Energía durante el debate que se desarrolla en el Congreso sobre el futuro de la actividad.
Sin embargo, el planteo abre una discusión que excede los discursos sobre desarrollo productivo. La actual Ley Nacional de Biocombustibles (27.640) fue aprobada en 2021 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, con posibilidad de prórroga por cinco años más. Es decir, el régimen vigente todavía tiene más de cuatro años de duración por delante.
Pese a ello, Royón impulsa una reforma integral que busca reemplazar el esquema actual por uno más amplio, con mayores porcentajes obligatorios de mezcla entre combustibles fósiles y biocombustibles, además de incorporar nuevos segmentos como los combustibles sostenibles para aviación y promover una mayor apertura del mercado.
Planteos y críticas contra la propuesta
La senadora sostiene que la normativa vigente limita inversiones y frena el crecimiento de las economías regionales vinculadas a la producción de bioetanol y biodiésel. De hecho, durante las últimas semanas defendió la necesidad de avanzar hacia un sistema más competitivo y con reglas que favorezcan el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, y sostuvo que «la ley actual no sirve».
No obstante, sus críticos observan que detrás del discurso de la transición energética también existe una fuerte presión de sectores empresariales vinculados a la agroindustria y a las provincias productoras de maíz, caña de azúcar y soja, principales insumos para la elaboración de biocombustibles. El debate, sostienen, no sólo involucra cuestiones ambientales sino también un importante negocio económico que mueve inversiones millonarias.
Royón incluso llegó a defender la expansión de modelos como el de Córdoba, donde existe una mayor utilización de biocombustibles y una estrategia provincial para impulsar el mercado interno de estos productos.
La discusión promete intensificarse en los próximos meses. Mientras la senadora salteña insiste en que el país necesita un nuevo marco legal para aprovechar el potencial productivo del interior, otros sectores consideran prematuro modificar una ley que aún tiene varios años de vigencia y reclaman primero evaluar los resultados del régimen actual.
