SALTA.- El reloj político no se detiene y la carrera hacia las elecciones Salta 2027 ya se palpita con fuerza en La Linda. No es un secreto para nadie que lo que se viene es una contienda larga, feroz y, por sobre todo, asquerosamente cara. En los pasillos de la Municipalidad de Salta, los popes de la gestión de Emiliano Durand acusan el golpe de este escenario y la respuesta no se hizo esperar: una voracidad recaudatoria que empieza a inquietar a propios y ajenos.
El intendente, quien supo construir su camino al poder con la lógica y la audacia de un empresario de medios, parece estar aplicando la misma receta al Estado, transformando la cosa pública en una constante búsqueda de oportunidades de negocio donde el ciudadano común es, ante todo, un cliente al que hay que facturar.
La memoria en política suele ser un bien escaso, pero los archivos de la campaña todavía están frescos y exponen contradicciones difíciles de disimular. Durand edificó su perfil de candidato sensible cuestionando duramente las fotomultas que pretendía implementar su antecesora, Bettina Romero, prometiendo alivio para los contribuyentes.
Sin embargo, una vez instalado en el sillón de Moldes, la coherencia electoral quedó archivada en un cajón. La gestión no solo dio luz verde al sistema, sino que triplicó la cantidad de cámaras activas en las calles salteñas. Aunque desde el discurso oficial se intente disfrazar la medida bajo el noble propósito de la seguridad vial, los especialistas en la materia coinciden en un diagnóstico tajante: los dispositivos no cumplen una función preventiva ni educativa, sino que operan como herramientas netamente recaudatorias destinadas a engrosar las arcas municipales.
Este afán de control con fines de caja sumó un capítulo escandaloso con el intento de imponer el «narcotest» en la vía pública. La iniciativa despertó una reacción inmediata y unánime de rechazo en diversos sectores de la sociedad, un malestar que terminó de justificarse con el primer experimento en la calle. En un operativo cargado de improvisación, el test arrojó un falso positivo a una conductora, quien además debió soportar el escrache público por parte de los canales oficiales de la comuna.
Ante el repudio generalizado y los cuestionamientos técnicos, el intendente activó su clásico mecanismo de defensa y procedió a lavarse las manos, anunciando una marcha atrás parcial para asegurar que el test de drogas ahora solo se exigirá en casos de accidentes de tránsito.
Los vecinos vienen denunciando de manera sistemática el ahogamiento impositivo que sufren día a día, asfixiados por subas desmedidas en las tasas, contribuciones e impuestos municipales en medio de un contexto económico crítico. La crítica de fondo apunta a la mentalidad corporativa que tiñe cada decisión del Ejecutivo, donde el ciudadano dejó de ser un sujeto de derechos para convertirse en una fuente de financiamiento para la política.
Durand y una mentalidad corporativa que tiñe cada decisión
Para colmo de males para el vecino, Emiliano Durand cuenta con una enorme cuota de suerte: al frente, en el Concejo Deliberante, no tiene una oposición sólida, sino un grupo de improvisados carentes de peso político. Con serios problemas de oratoria y nula capacidad de debate, los concejales libertarios —que deberían encabezar el reclamo— ocupan sus minutos en el recinto tratando de defender la gestión nacional de Milei y a sus jefes políticos en Salta, totalmente disociados de la realidad municipal.
A este panorama se suman los camaleones que pasaron sin escalas de las filas libertarias a convertirse en voceros dóciles del Grand Bourg, y aquellos ediles que optan por mantener un perfil bajo y «calladito», paralizados por el peso de sus propias causas penales. Con una oposición así de dócil, fragmentada y asustada, Durand tiene el camino libre para avanzar sin rendir cuentas.
Manejada con los mismos criterios con los que el intendente forjó su fortuna en el ámbito privado, la Municipalidad parece no encontrar límites éticos a la hora de buscar recursos.
La desesperación por conseguir fondos frescos llegó al extremo de que ni siquiera los muertos logran escapar a esta lógica comercial. Ahora la Municipalidad de Salta autorizó la realización de una subasta pública para vender más de 4.600 kilogramos de bronce recuperado de nichos municipales desocupados en los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua.
El remate de estos elementos, con una base económica fijada en 20 millones de pesos, encendió el debate ético en la comunidad. A pesar de que las autoridades del Centro Cívico Municipal se apresuraron a aclarar que todo el procedimiento se encuadra de manera estricta dentro de las ordenanzas vigentes que regulan la disposición y enajenación de bienes del municipio, el mensaje político es demoledor.
En la Salta de hoy, el despliegue de la maquinaria oficial necesita financiamiento urgente para el futuro, y la gestión actual parece dispuesta a conseguirlo como sea: ya sea cazando conductores en las avenidas, ahogando al comercio local o rematando los metales de las tumbas.
