SALTA – El conflicto por los desalojos en la comunidad indígena de Las Pailas, en el departamento Cachi, sumará este jueves un nuevo capítulo con una movilización que se realizará frente a la Legislatura de Salta. La convocatoria la impulsan integrantes de la comunidad, organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y espacios políticos que rechazan el operativo realizado días atrás en la zona.
La concentración está prevista para las 13 horas y tendrá como eje principal el pedido de avance de un jury de enjuiciamiento contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes, quien intervino en la causa que derivó en los desalojos. Además, los manifestantes reclamarán la remoción del Juez de Paz de Cachi, el cese de nuevos procedimientos de desalojo y la protección de los territorios que consideran históricamente ocupados por comunidades originarias.
De Cachi a la Legislatura de Salta
Desde distintos sectores también lanzaron una campaña solidaria para asistir a las familias afectadas por el operativo. Por ese motivo, solicitaron la colaboración con mercadería no perecedera destinada a las personas a las que desalojaron de sus viviendas.
La protesta se produce en medio de una fuerte controversia por lo ocurrido en Las Pailas. Organizaciones sociales y referentes indígenas sostienen que el procedimiento fue ejecutado con un amplio despliegue policial y denuncian que se produjeron daños en viviendas, corrales y pertenencias de las familias involucradas.
En los últimos días, referentes de la comunidad diaguita calificaron el operativo como un acto de violencia institucional y cuestionaron la actuación de la Justicia. También señalaron que continuarán con medidas de resistencia y visibilización para reclamar el reconocimiento de sus derechos territoriales.
La situación generó repercusiones en distintos ámbitos políticos y sociales de la provincia, donde crecen los cuestionamientos sobre el tratamiento de los conflictos territoriales vinculados a comunidades originarias. Mientras tanto, la movilización de este jueves buscará instalar nuevamente el tema en la agenda pública y exigir respuestas de las autoridades provinciales y judiciales.
