SALTA – La causa que investiga presuntas irregularidades en la Panadería Social de Salta dio un paso clave en las últimas horas. La Fiscalía especializada en Delitos Económicos Complejos presentó la acusación formal contra el expresidente de la Sociedad del Estado Pan Solidario, Luis Emilio Fayón Medina, y contra dos familiares suyas por un supuesto fraude a la administración pública que habría generado un perjuicio superior a los $ 150 millones.
La acusación fue presentada por la fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. Fayón Medina está imputado como autor del delito, mientras que su esposa, Roxana González Domínguez, y su cuñada, Josefina González Domínguez, fueron acusadas como partícipes necesarias.
Según la investigación, el exfuncionario habría intervenido en contrataciones realizadas por la Panadería Social con proveedoras vinculadas a su propio entorno familiar. Para la Fiscalía, esa situación configuró un claro conflicto de intereses durante su gestión al frente del organismo municipal.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en mayo de 2024 por la Municipalidad de Salta. A partir de allí, los investigadores analizaron documentación contable, movimientos de fondos y operaciones comerciales realizadas durante 2023.
De acuerdo con la acusación, las dos familiares incorporadas como proveedoras no registraban antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro antes de concretar las operaciones bajo sospecha.
La Fiscalía sostiene que Roxana González Domínguez facturó contrataciones por más de $ 48 millones, mientras que las operaciones adjudicadas a Josefina González Domínguez superaron los $ 7,7 millones.
Uno de los principales puntos observados por los investigadores es que parte de la mercadería facturada nunca habría ingresado efectivamente a la Panadería Social. Los informes periciales detectaron faltantes de insumos y diferencias entre los registros contables y el stock existente.
Además, se investigan compras realizadas a valores considerablemente superiores a los de mercado. Entre los casos señalados figura la adquisición de determinados insumos alimenticios con sobreprecios que habrían provocado pérdidas millonarias para el organismo.
La acusación también menciona la compra de materias primas en cantidades superiores a las necesidades de producción de la Panadería Social. Según la hipótesis fiscal, importantes volúmenes de harina, dulce de leche y otros productos nunca pudieron ser localizados ni registrados adecuadamente.
Para los investigadores, Fayón Medina autorizaba las contrataciones y los pagos observados, mientras que sus familiares participaban como proveedoras dentro del circuito de facturación. La Fiscalía entiende que esa operatoria permitió el presunto desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas y mercadería inexistente.
Con la acusación ya presentada, la Oficina Judicial deberá sortear al juez que intervendrá en la etapa de control. Posteriormente se convocará a una audiencia en la que se analizará si la causa reúne los requisitos necesarios para ser elevada a juicio.
