SALTA (Redacción) – Cada vez que hay cambio de Gobierno se da lugar a procesos de auditorías internas sobre lo que hizo la gestión anterior. Tras la salida de Bettina Romero se comprobó irregularidades en la Panadería Social. Quien estaba a cargo de dicho rol era Emilio Fayón que acaba de ser imputado por supuesto fraude a la administración pública.
Ana Inés Salinas Odorisio, autoridad del área de Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal (UDEC), imputó a Fayón, su esposa y cuñada. Todos estaban a cargo de la Panadería Social bajo la gestión de Bettina Romero. Se los acusa de supuesto fraude a la administración pública mientras formaron parte de la gestión pública.
Los tres exfuncionarios asistieron a la audiencia de imputación asistidos por un abogado particular, pero se negaron a declarar y tampoco respondieron preguntas a la Fiscalía. La denuncia respectiva se realizó el pasado 24 de mayo por el actual Procurador General de la Municipalidad de Salta al descubrir las irregularidades previamente mencionadas. El periodo analizado es el último semestre del año pasado después de la derrota de Bettina.
La auditoría, que se centró en el periodo de julio a diciembre de 2023, reveló presuntos sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social. Todo eso podría haber causado un malestar al erario público municipal en un monto estimativo de $100 millones.
Todo quedó en familia
Asimismo, la investigación demostró que las compras de la Panadería Social favorecieron a ciertos comercios sin ningún tipo de justificación. Los negocios en particular serían los de la esposa y cuñada de Fayón que facturaron por encima de los $50 millones en ventas de fiambres y embutidos.
El informe elevado plantea que resulta “cuanto menos extraño, que un ente de las características de la Panadería Social, haya adquirido insumos en comercios de tan pequeña escala, sin historial en el rubro, sin una relación de provisión previa, y sin un procedimiento de selección que al menos promueva la eficiencia y la transparencia en el gasto”.
Por último, también se corroboró una supuesta existencia de sobreprecios en la adquisición de insumos en general. Por ejemplo, el precio de la margarina adquirida tenía un precio 10 veces superior al costo de mercado. Además, se comprobó inconsistencias en el uso de la materia prima comprada por la Panadería Social. Las pruebas son claras y la Justicia seguirá investigando.
