SALTA – La Comunidad Diaguita Kallchakí volvió a manifestarse en la ciudad de Salta para denunciar las consecuencias que dejó el operativo de desalojo realizado en Las Pailas, en el departamento Cachi. Frente a la Legislatura provincial, sus representantes aseguraron que 17 familias permanecen sin poder ingresar a sus viviendas y denunciaron que quedaron sin acceso a sus cosechas, principal fuente de sustento de la comunidad.
“Toda la cosecha quedó adentro”
El delegado Ariel Prieto sostuvo que el procedimiento excedió el alcance de la orden judicial y afectó a numerosas familias que continúan fuera del territorio. «Repudiamos el accionar tanto de la Justicia como del Estado, que está avasallando nuestros derechos», expresó Prieto durante la protesta.
Según explicó, el conflicto comenzó con una orden de desalojo sobre una fracción de cuatro hectáreas, pero aseguró que el operativo terminó abarcando unas 40 hectáreas y cinco viviendas. «Hoy por hoy no pueden ingresar al territorio, no pueden ingresar a sus casas. Nosotros dependemos de la agricultura y toda la cosecha quedó adentro», afirmó.
El dirigente sostuvo además que las familias perdieron el acceso a la producción agrícola que constituye su principal medio de vida, por lo que reclamó una solución urgente por parte de las autoridades provinciales.
Denuncian un operativo con cientos de policías
Durante la manifestación, Prieto también cuestionó el despliegue de seguridad realizado durante los desalojos. «Se hizo presente más de 600 efectivos policiales, tratando violentamente a nuestros mayores. Tenemos chicos con discapacidad y hoy las cosas están tiradas en el camino», denunció.
En ese sentido, explicó que la movilización frente a la Legislatura tuvo como objetivo solicitar la intervención de los legisladores provinciales. «Hoy claramente vemos que no pudieron cumplir su rol porque vendieron nuestro territorio», sostuvo en declaraciones a El 10 TV.
La comunidad insiste en que posee derechos ancestrales sobre las tierras
El delegado también cuestionó la derogación de la Ley Nacional 26.160, que declaraba la emergencia territorial indígena, al considerar que esa decisión facilita nuevos procesos de desalojo sobre comunidades originarias. «Da pie a seguir desalojando y estamos viendo que efectivamente está ocurriendo», afirmó.
Finalmente, defendió la permanencia histórica de la comunidad en el lugar y rechazó los planteos de quienes reclaman la propiedad legal de los terrenos. «Nosotros somos preexistentes al Estado. Los campos de cultivo y los canales de riego los hicieron nuestros mayores. Tenemos claro que somos los verdaderos poseedores de las tierras», concluyó.
