SALTA – El conflicto por el desalojo de la comunidad diaguita Kallchakí de Las Pailas, en el departamento Cachi, dio un giro en las últimas horas. La jueza María Fernanda Diez Barrantes ordenó la restitución de la mayor parte de las tierras afectadas luego de reconocer que durante el operativo del pasado 12 de junio fueron desalojadas familias y predios que no estaban incluidos en la sentencia original.
La resolución alcanza a unas 60 personas, entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad, que permanecían fuera de sus hogares desde hacía dos semanas, en medio de las bajas temperaturas.
La comunidad denunció que no podía ingresar a sus viviendas
Antes de conocerse la decisión judicial, integrantes de la Comunidad Diaguita Kallchakí habían viajado a la ciudad de Salta para manifestarse frente a la Legislatura provincial y denunciar la situación que atravesaban tras el operativo.
El delegado Ariel Prieto aseguró que 17 familias no podían regresar a sus viviendas ni acceder a sus lugares de trabajo, ya que los terrenos permanecían bajo custodia luego del desalojo. “Hoy por hoy no pueden ingresar al territorio, no pueden ingresar a sus casas. Nosotros dependemos de la agricultura y toda la cosecha quedó adentro”, sostuvo durante la protesta.
Además, cuestionó el despliegue policial realizado durante el procedimiento y denunció que los efectivos destruyeron viviendas, afectaron pertenencias y dejaron a numerosas familias sin acceso a sus bienes.
La jueza admitió que el operativo fue más allá de la orden judicial
Según la orden de Diez Barrantes, la restitución alcanza a las fracciones ocupadas por las familias Fabián, Cruz y Guzmán, al aclarar que esos sectores no formaban parte de las cuatro hectáreas incluidas en la orden de desalojo vinculada a la familia Mamani.
Así, la magistrada reconoció que la ejecución del procedimiento avanzó sobre aproximadamente 40 hectáreas que no estaban comprendidas en la sentencia. La resolución también dispone que la restitución sea ejecutada por el Juez de Paz de Seclantás con acompañamiento de la Policía para garantizar el cumplimiento de la medida.
El conflicto continúa abierto
Si bien la comunidad celebró la restitución de la mayor parte del territorio, advirtió que el conflicto por la posesión de las tierras continúa. Durante los últimos días, los comuneros realizaron movilizaciones en Cachi y en la ciudad de Salta para denunciar el desalojo y reclamar la intervención de las autoridades provinciales.
Además, responsabilizaron al Estado por los daños sufridos durante el operativo, entre ellos la pérdida del acceso a viviendas, cultivos y animales. Por el momento, la resolución judicial no determina quién deberá responder por los perjuicios ocasionados a las familias afectadas durante la ejecución del desalojo.
