SALTA – El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recibió al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en una reunión de trabajo en la que ambas administraciones avanzaron en una agenda conjunta orientada a fortalecer el sistema de justicia y la seguridad en la provincia. Como resultado del encuentro, se firmaron una serie de convenios que contemplan la implementación del Régimen Penal Juvenil, el fortalecimiento de la mediación comunitaria y nuevas herramientas para combatir el microtráfico de estupefacientes.
Tras la reunión, Sáenz destacó la importancia del trabajo coordinado entre la Nación y las provincias para abordar problemáticas vinculadas a la seguridad y el acceso a la justicia. «Mantuvimos una reunión de trabajo para seguir impulsando acciones concretas que fortalezcan el sistema de justicia en Salta», expuso en sus redes sociales.
El gobernador sostuvo además que la cooperación institucional resulta clave para mejorar el funcionamiento del sistema judicial. «Estoy convencido de que el diálogo, la gestión y el trabajo conjunto son el camino para construir una justicia más eficiente, más cercana y con mejores herramientas al servicio de los salteños. Gracias, Juan, por acompañar a Salta y por entender que el federalismo se construye trabajando codo a codo con las provincias», agregó.
Acompañamiento en la baja de la edad de imputabilidad
La iniciativa del Régimen Penal Juvenil, impulsada por el Gobierno nacional, estableció la edad de imputabilidad en 14 años. Los diputados salteños votaron en bloque la legislación, pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos y especialistas en niñez.
“Toda la región ha bajado la edad de punibilidad de los menores a un número mucho más bajo de el que vamos a manejar nosotros”, había señalado en su intervención la diputada por La Libertad Avanza, Gabriela Flores. Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega, de Innovación Federal, acompañaron la iniciativa, pero con énfasis en la necesidad de mayor presupuesto.
Los legisladores salteños también insistieron en que los recursos son insuficientes, pese a su votación a favor. De este modo, queda por conocerse si el convenio firmado otorga mayor financiamiento al sistema judicial provincial, con el propósito de agregarse instituciones y personal especializado, o si implementa la normativa sin contemplar el tratamiento específico necesario para un menor de edad.
