SALTA – El Senado de la Nación trata esta tarde, en una de sus jornadas más tensas bajo la presidencia de Victoria Villarruel, el polémico proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa, redactada por Federico Sturzenegger, cuenta con el fuerte impulso de Patricia Bullrich. Según analizó el medio Urgente24, lejos de ser una agresión a la investidura presidencial, resulta una conclusión objetiva del acceso a la información pública que ambos exintegrantes de Pro trabajen hoy para Javier Milei. La sesión en la Cámara Alta se anticipa compleja principalmente por la fuerte resistencia que genera la permisividad para que extranjeros adquieran tierras en zonas de frontera, un punto que la oposición advierte que casi habilitaría la creación de «estados paralelos».
Para Bullrich, militar este proyecto en el Senado no solo responde a presiones de visitantes frecuentes de Lago Escondido —la estancia patagónica del magnate Joe Lewis—, sino también a su propio posicionamiento político. Con una trayectoria sinuosa que va desde la Juventud Peronista y Montoneros hasta el macrismo y su actual rol en La Libertad Avanza, la ministra busca consolidar su alianza con la Casa Rosada. Tras haber recibido garantías de Karina Milei de que podría acompañar al Presidente en el binomio oficialista para 2027, Bullrich quiere ofrendar la aprobación de esta ley como un gesto definitivo de lealtad. Sin embargo, el mayor foco de atención en los pasillos de la Cámara Alta está puesto en la adhesión de la senadora Flavia Royón.
Su vínculo con Río Tinto
La exsecretaria de Energía de la gestión de Alberto Fernández, convocada en su momento por Sergio Massa, es señalada por su fuerte vinculación con los intereses de Rio Tinto, la multinacional de origen británico que controla el proyecto de litio Rincón en el salar homónimo, en la provincia de Salta. Aunque el holding ya desembolsó sumas millonarias y proyecta inversiones por 2.500 millones de dólares para expandir su producción a escala comercial, todavía no posee el dominio privado de la superficie territorial del Salar, un obstáculo legal que la ley que hoy trata el Senado destrabaría por completo.
La entrega de soberanía territorial y de recursos estratégicos que se debate en el recinto no se limita al norte. La normativa también favorecería a Harbour Energy, petrolera con sede en Londres que recientemente absorbió los activos de Wintershall Dea, consolidando su presencia en cuencas clave como la Neuquina, la Austral y las áreas marinas de Vega Pléyade y Fénix frente a Tierra del Fuego.
Ante este escenario de fuerte lobby internacional, la resistencia geopolítica se hace sentir entre los legisladores. Para convencer a los indecisos de la UCR, un referente del Senado apeló a una llamativa metáfora deportiva al advertirles que votar a favor de esta ley equivale a «jugar para Jude Bellingham», en alusión al futbolista inglés que protagonizó el recordado incidente contra el argentino Valentín Barco. En ese mismo listado pro-británico, los ojos de la oposición en el Senado también apuntan a los legisladores Beatriz Ávila, de Tucumán, y Carlos Mauricio «Camau» Espínola, de Corrientes, en la víspera de una sesión que promete redefinir el control de los recursos naturales del país.
