SALTA – La concejal Laura Jorge Saravia presentó un proyecto de declaración para solicitar que el Gobierno provincial revise el valor del Certificado de Antecedentes Penales provincial, al considerar que el costo actual representa una barrera para quienes necesitan acceder a un empleo.
La edil puso el foco en la marcada diferencia entre el trámite nacional y el provincial. Según explicó, el Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia tiene un costo de $1000 en su modalidad básica, mientras que el certificado provincial asciende a $33.000 para el trámite ordinario.
«Hoy un ciudadano que necesita acreditar sus antecedentes penales puede obtener el certificado nacional por $1000, mientras que el certificado provincial cuesta $33.000 para el trámite ordinario. La diferencia resulta difícil de justificar desde la perspectiva del ciudadano que simplemente intenta cumplir con un requisito para trabajar», sostuvo Jorge Saravia.
Finalidad del proyecto
La concejal aclaró que la iniciativa no busca cuestionar la facultad de la Provincia para fijar aranceles, sino abrir un debate sobre la razonabilidad de los valores vigentes frente al contexto económico actual.
«La finalidad de este proyecto de declaración no es cuestionar la potestad de la Provincia para establecer aranceles, sino solicitar que se analice si los valores vigentes continúan siendo razonables frente a la realidad económica y al principio de facilitar el acceso al empleo», afirmó.
El planteo se da en un escenario de pérdida del poder adquisitivo y dificultades para acceder al mercado laboral, donde numerosos empleadores exigen la presentación de certificados de antecedentes como requisito para la contratación. En ese sentido, Jorge Saravia remarcó que los costos administrativos no deberían convertirse en un obstáculo para quienes buscan insertarse laboralmente.
«En un contexto donde el trabajo constituye la principal herramienta de desarrollo personal y social, resulta conveniente revisar aquellos costos administrativos que puedan transformarse en una barrera para quienes buscan una oportunidad laboral», concluyó.
El proyecto propone que las autoridades provinciales evalúen una actualización de los aranceles, con el objetivo de que el costo del trámite resulte más accesible para los salteños que necesitan acreditar sus antecedentes para obtener un empleo.
