(SALTA).- La Corte de Justicia de Salta confirmó la constitucionalidad de la Ley de Participación Democrática (Ley N° 8535) y avaló las exigencias para presentar candidaturas a gobernador y vicegobernador, y frentes electorales. De esta forma, rechazó los planteos presentados por La Libertad Avanza, el Partido Obrero y el Partido de la Reconquista contra distintos aspectos de la normativa que regirá el sistema electoral provincial.
La decisión fue adoptada por unanimidad y lleva la firma de los nueve integrantes del máximo tribunal. Así, la Justicia provincial respaldó las facultades de la Legislatura para definir las reglas electorales y dejó firme el esquema establecido por la ley para los próximos comicios. La decisión también tiene implicancias directas sobre el escenario electoral de 2027, ya que ratifica las condiciones de participación, conformación de alianzas y presentación de candidaturas que establece la normativa.
Argumentos de la Corte
En sus fundamentos, la Corte sostuvo que las provincias tienen autonomía para establecer sus propios regímenes electorales, de acuerdo con los artículos 5°, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. Además, recordó que el artículo 56 de la Constitución de Salta delega en la ley la determinación del régimen electoral, mientras que el artículo 127, inciso 16, otorga a la Legislatura amplias facultades para reglamentarlo de acuerdo con las circunstancias políticas y sociales.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la defensa del mecanismo de asignación de cargos contemplado en la normativa. La Corte entendió que el sistema respeta el principio de elección directa establecido por la Constitución Provincial, porque la designación de los candidatos surge de la manifestación inmediata de los electores, sin intermediación de otro órgano.
El tribunal también se pronunció sobre el requisito establecido en el artículo 2° de la ley, que exige a los partidos presentar candidaturas en al menos 15 departamentos para poder postular fórmulas a gobernador y vicegobernador, punto que había sido cuestionado por el Partido Obrero y calificado como una «proscripción». Sin embargo, los magistrados consideraron que la exigencia es razonable porque establece una condición de organización y participación territorial para las fuerzas políticas que aspiran a gobernar toda la provincia.
Según el fallo, el requisito guarda relación con las funciones del gobernador, quien representa a Salta en la totalidad de su territorio. También aclararon que las condiciones personales para acceder al cargo siguen siendo las establecidas por la Constitución Provincial.
Otro aspecto ratificado fue la obligación de que los frentes electorales estén integrados por al menos dos partidos políticos. La Corte consideró que esta disposición es coherente con el objetivo de garantizar una mayor representatividad de las fuerzas que participan de la competencia electoral.
En materia de igualdad, sostuvo que la ley establece un tratamiento idéntico para quienes se encuentran en las mismas circunstancias y distingue entre partidos políticos individuales y alianzas electorales por tratarse de figuras que presentan características diferentes.
Quiénes cuestionaron la ley
Las acciones populares de inconstitucionalidad habían sido presentadas por Carlos Raúl Zapata, en representación de La Libertad Avanza; Claudio Ariel Del Plá, por el Partido Obrero; y Alejandro Patrón Costas, por el Partido Reconquista. El fallo fue firmado por Teresa Ovejero, María Edit Nallín, Jorge Diez Villa, Pablo López Viñals, Adriana Rodríguez Faraldo, María Alejandra Gauffin, Fabián Vittar, José Gabriel Chibán y Martín Plaza.
