SALTA – Con departamentos que ya superan el 60% de tierras en manos foráneas, Salta queda en el ojo de la tormenta ante el proyecto oficialista que busca eliminar todos los límites a la propiedad extranjera. Mientras en Cachi se denuncian desalojos exprés de comunidades ancestrales, crece la incertidumbre sobre cómo votarán los legisladores que responden a Gustavo Sáenz en el Senado este 6 de agosto.
El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación se convertirá en el escenario de una batalla fundamental por los recursos estratégicos del país. El Gobierno nacional, bajo el pomposo título de Ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», busca terminar de desguazar la Ley 26.737 (Ley de Tierras), que actualmente pone un techo del 15% a la propiedad extranjera a nivel nacional y departamental. Tras varios intentos fallidos y cuartos intermedios forzados por la falta de votos, el oficialismo insiste en una reforma que, según especialistas, representa una «entrega de soberanía total» al eliminar las protecciones sobre zonas de seguridad de frontera y cuerpos de agua dulce.
Salta: una provincia en estado «crítico»
Para Salta, este debate no es una abstracción jurídica de los despachos porteños; es una realidad que ya lacera su territorio. Según los datos difundidos por el Observatorio de Tierras de la UBA, Salta posee dos de los cuatro departamentos con más del 50% de sus tierras rurales en manos extranjeras en todo el país: Molinos y San Carlos.
La socióloga e integrante del Observatorio, Julieta Caggiano, es tajante al describir el panorama local en sus recientes intervenciones: “En Salta recordemos tenemos a Molinos y San Carlos que tiene casi el 60% de su tierra extranjerizada… estamos hablando de una provincia crítica, muy crítica”. Sobre el caso específico de San Carlos, la especialista advierte que la situación es alarmante debido a la riqueza en recursos: “Se trata de una zona de glaciares de escombros, con su protección desregulada, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidades indígenas sin su relevamiento finalizado”.
A nivel nacional, el impacto es igualmente masivo. Existen actualmente más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie equivalente a todo el territorio de Inglaterra. Sin embargo, la avanzada libertaria pretende que estos casos, que hoy son excepciones ilegales al límite del 15%, se conviertan en la norma, permitiendo que magnates y corporaciones adquieran tierras sin restricción alguna en zonas de frontera y cordillera.
El drama de Cachi y los «desalojos exprés»
La urgencia del Gobierno por aprobar esta ley parece convalidar prácticas que ya se están dando de hecho en el territorio salteño. Caggiano recordó recientemente una situación desesperante en la comunidad calchaquí de Las Pailas, en Cachi, donde 80 familias fueron desalojadas de tierras que habitan ancestralmente para favorecer proyectos turísticos y vitivinícolas extranjeros. “Lo que sucedió específicamente en la comunidad de las Pailas fue una orden de desalojo ilegal… y esto tiene mucho que ver con la ley de tierras porque uno de los puntos de esta ley es hacer desalojos exprés”, explicó la especialista, señalando que el Gobierno nacional está construyendo un “paquete legal a medida” para instaurar prácticas que vulneran los derechos indígenas y la protección ambiental.
La gran duda: ¿qué harán los legisladores salteños?
En este contexto de entrega, la mirada se posa sobre los representantes de Salta en el Congreso. Resulta paradójico que, siendo una de las provincias más afectadas por la extranjerización de sus recursos hídricos y mineros, sus legisladores mantengan una postura ambigua o, peor aún, servil a los intereses de la Casa Rosada.
Desde el Observatorio de Tierras no ocultan su preocupación por el alineamiento político del gobierno provincial: “Nos sorprende que la senadora de Salta del gobernador Sáenz juegue a favor del gobierno… justo dijimos Salta y Misiones, que son de las dos provincias más extranjerizadas”.
El proyecto de ley que se tratará el 6 de agosto propone, además, el «silencio administrativo» para las compras en zonas de frontera; es decir, si los gobernadores no se pronuncian explícitamente en contra de una operación en un plazo determinado, esta queda autorizada automáticamente. Esta delegación de facultades nacionales a las provincias no es más que una trampa que generará una competencia entre jurisdicciones para ver quién flexibiliza más sus controles para atraer supuestas inversiones que, en la práctica, solo profundizan el extractivismo y la fuga de renta.
