SALTA.- (Por Diego Nofal) Apenas veinticuatro horas después del escandaloso embargo que inmovilizó todas las cuentas bancarias de Posco en la Argentina, un nuevo conflicto judicial terminó de dinamitar la imagen de la gigante coreana en la provincia. Esta vez, la avanzada no vino de un proveedor minero tradicional, sino de una empresa de desarrollos inmobiliarios que decidió demandar penalmente a los propios directivos de la multinacional ante el fuero salteño. La noticia, por supuesto, cayó como un baldazo de agua helada en los despachos oficiales.
En principio, la desarrollista decidió acudir al fuero penal después de que los abogados de Posco intentaran llevar el conflicto contractual original hacia la jurisdicción estadounidense, una maniobra procesal que encendió todas las alarmas entre los empresarios locales. La jugada de la minera fue interpretada como un intento desesperado por escapar de los tribunales argentinos, y la respuesta de la contraparte fue fulminante y contundente al radicar la denuncia directamente en el fuero penal ordinario de Salta.
La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal Número 2, que ya dispuso llamar a una audiencia de mediación entre las partes en lo que promete ser un cónclave de altísima tensión. Mientras tanto, los antecedentes de Posco en otros rincones del mundo vuelven a la memoria como un estribillo incómodo, desde las huelgas salvajes en Corea del Sur hasta los conflictos ambientales en la India y México. Parece que la estrategia corporativa de litigar lejos de los países donde opera ya se ha convertido en una costumbre difícil de abandonar para la firma asiática, aunque esta vez el tiro les habría salido por la culata.
Lo más revelador de este nuevo capítulo es que ya no se trata de un caso aislado sino de un auténtico efecto dominó que está animando a numerosos proveedores a salir del silencio incómodo. Tras el embargo millonario trabado el miércoles contra las cuentas de la minera, otros empresarios que masticaban bronca en privado comenzaron a consultar abogados para evaluar sus propias demandas contra el gigante coreano. La sensación que se respira en el ambiente corporativo salteño es que el miedo paralizante a represalias comerciales se está disipando rápidamente, y los damnificados empiezan a entender que la unidad en el reclamo judicial puede ser mucho más efectiva que la sumisión silenciosa.
Resulta inevitable preguntarse cómo es posible que una provincia que presume de sus porotos, su soja, sus frutas y su ganadería se deje arrastrar a este pantano de litigios con una empresa que claramente no respeta las reglas del juego local. El modelo minero salteño vuelve a quedar en offside frente al ejemplo jujeño, donde la participación estatal del ocho y medio por ciento en cada emprendimiento obliga a las mineras a sentarse a negociar de igual a igual. La diferencia entre ambos modelos es la que existe entre un socio incómodo pero presente y un espectador que aplaude desde la tribuna mientras las cuentas se congelan y las causas penales proliferan.
La audiencia de mediación ordenada por la Fiscalía Penal Número 2 será una prueba de fuego para saber si la coreana está dispuesta a rectificar su conducta o si persistirá en su estrategia de confrontación judicial. El funcionario que debería vender las bondades de la minería en cada foro internacional ahora observa el costo real de un modelo extractivo que genera deudas, embargos y, como guinda del postre, una causa penal contra los ejecutivos de la firma estrella del litio salteño.
No se descarta que en los próximos días se conozcan nuevos procesos legales contra la multinacional, porque el dique de contención del temor ya se rompió por completo después del resonante embargo. Las fuentes consultadas por este diario coinciden en que hay carpetas empresariales abultadas con facturas impagas, certificados de obra sin cobrar y cartas documento que duermen en los cajones de varios estudios jurídicos. La ilusión de un desarrollo minero armónico y consensuado se desmorona a medida que los expedientes se apilan, y el malhumor del empresariado local amenaza con transformarse en una rebelión judicial de consecuencias impredecibles para el futuro de las inversiones en la Puna.
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