SALTA.- (Por Diego Nofal) La cifra es tan importante que no admite matices ni interpretaciones de las oficinas de prensa coreanas, las dos demandas que ya pesan sobre Posco Argentina en el fuero salteño suman un monto superior a los 15.000 millones de pesos. El número adquiere una dimensión todavía más grave si se recuerda que la Justicia provincial mantiene embargadas todas las cuentas bancarias de la multinacional desde aquel resonante fallo del miércoles pasado. La minera coreana que aterrizó en la Puna envuelta en promesas de progreso y desarrollo se encuentra hoy acorralada por reclamos judiciales millonarios que exponen la fragilidad del modelo extractivo sin derrame local.
Las demandas acumuladas revelan un patrón de conducta empresarial que afecta por igual a proveedores de infraestructura y a firmas de servicios, todas con un denominador común de incumplimientos contractuales sistemáticos. Mientras los expedientes se amontonan en los tribunales salteños, los abogados de la compañía asiática intentan una defensa que se complica hora tras hora ante la contundencia de las pruebas aportadas por los demandantes. El embargo que inmovilizó los fondos de Posco en el sistema bancario argentino sigue vigente y constituye una señal inequívoca de que la Justicia consideró verosímiles los reclamos de los empresarios locales que se animaron a romper el silencio.
Esta semana también salieron a la luz pública diversos conflictos laborales que la empresa mantenía bajo un manto de discreción corporativa y que fueron expuestos en distintos medios de comunicación de la provincia. Los trabajadores denunciaron condiciones de contratación precarias, jornadas extenuantes y una política de recursos humanos que prioriza la llegada de personal foráneo por sobre la contratación de mano de obra local. Las quejas de los empleados ya no circulan solamente en los grupos de mensajería interna ni en las asambleas sindicales sino que ocuparon espacios destacados en la agenda mediática de los últimos días.
A este cuadro de situación debe sumarse el creciente malestar que expresan los pobladores de la Puna salteña, precisamente en la zona donde Posco desarrolla sus operaciones de extracción de litio en el proyecto Sal de Oro. Los habitantes de esas comunidades originarias manifiestan con una mezcla de frustración y enojo que la presencia de la gigante coreana no se tradujo en oportunidades laborales concretas para los jóvenes de la región. La promesa de trabajo genuino que los ejecutivos de la minera repetían en cada presentación oficial se estrelló contra la realidad de unas comunidades que observan el paso de camiones y maquinaria sin que sus economías familiares reciban el más mínimo beneficio.
El mismo panorama se replica en la localidad de General Güemes, donde Posco instaló una planta de procesamiento que generó enormes expectativas entre la población desde el momento mismo de su anuncio. Los vecinos de esa ciudad del interior salteño denuncian que la empresa prioriza la contratación de personal proveniente de otras provincias o incluso del extranjero antes que incorporar a los trabajadores locales que esperaban una oportunidad. La planta funciona a pleno rendimiento pero el derrame laboral prometido brilla por su ausencia, una constante que se repite tanto en la Puna como en el valle y que desmiente aquel discurso oficial que presentaba a la minería como una fuente inagotable de empleo para los salteños.
Los más de quince mil millones de pesos reclamados judicialmente representan mucho más que un número impactante en los titulares, representan facturas impagas, campamentos no devueltos y contratos rescindidos de manera unilateral. Representan también la paciencia agotada de un empresariado local que apostó fuerte a integrarse en la cadena de valor del litio y recibió a cambio excusas, evasivas y maniobras legales para llevar los conflictos a jurisdicciones extranjeras. Las cuentas bancarias de Posco permanecen congeladas por orden judicial y la Fiscalía Penal Número 2 avanza con su propia investigación mientras la minera intenta contener un frente de tormenta que se agranda con cada jornada.
El tiempo dirá si la multinacional logra recomponer su relación con los proveedores, con los trabajadores y con las comunidades donde opera, pero lo cierto es que el daño reputacional ya está hecho y es profundo. Las fuentes consultadas por este medio no descartan que nuevos actores judiciales se sumen en las próximas semanas a la ofensiva legal contra la firma surcoreana, cuyo prestigio corporativo se desmorona a la misma velocidad con la que crecen las demandas. La ilusión de un desarrollo minero virtuoso y consensuado se desvanece entre embargos, denuncias penales y el reclamo unánime de quienes esperaban que el litio trajera algo más que titulares grandilocuentes y cuentas congeladas.
Resulta pertinente señalar que desde que El Intra Salta comenzó a investigar y publicar de manera sistemática las irregularidades de Posco, el resto de los medios provinciales salió a levantar información sobre el tema con un entusiasmo que nunca antes habían demostrado. Durante meses, cuando este diario digital publicaba las primeras advertencias sobre los conflictos entre la minera y los proveedores locales, el silencio de las grandes redacciones era ensordecedor y cómplice. Hoy, con las cuentas embargadas y las demandas avanzando a paso firme, la cobertura se multiplicó y los mismos que miraban para otro lado compiten ahora por el título más llamativo sobre la crisis de la coreana.
Ahora el secretario de minería Gustavo Carrizo no tuvo más remedio que tomar una postura. “Si queremos inversiones, pero las reglas las ponemos nosotros”, señaló el funcionario sin medias tintas. No es extraño que sea así CAPEMISA, la cámara que nuclea a los proveedores mineros y ya empezó a tener un ruido interno y apunta sus cañones obviamente a las oficinas de control y a la Justicia salteña.
Pero el ruido institucional no se agota ahí la diputada Griselda Galleguillos, que preside la comisión de minería en la Cámara de Diputados de la provincia señaló que el tema de la minera coreana y sus incumplimientos con los proveedores locales será analizado en la cámara baja provincial. Todo esto debería al menos resultar como una advertencia para la minera coreana de que esto no será como en otros países acá no pueden venir a hacer lo que se les dé la gana.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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