(Salta).- El diputado Nicolás Arce, representante de Tartagal, advirtió sobre una situación que se desarrolla desde hace años en los departamentos limítrofes. El legislador describió una realidad que excede el debate actual sobre la modificación de la ley de tierras y que ya está instalada en la provincia. Se trata de la compra y venta de propiedades salteñas por parte de ciudadanos bolivianos sin que existan controles rigurosos sobre sus antecedentes o el origen de los fondos.
Venta de propiedades a ciudadanos bolivianos
Durante sus declaraciones, el diputado Arce fue contundente al describir el escenario comercial que se observa en su distrito. “Yo soy de Tartagal, del departamento de San Martín, y hay mucha gente de Bolivia que durante mucho tiempo vino, compró, hoy en día vos vas por las casas y ves los teléfonos de Bolivia que están vendiendo”, afirmó el legislador. Sus palabras pintan una radiografía de un mercado inmobiliario paralelo que opera con total naturalidad en la frontera norte.
La problemática no se limita únicamente a las transacciones de viviendas familiares, sino que se extiende a grandes extensiones de tierra productiva. El diputado detalló que la falta de controles facilita una economía de frontera que no tributa ni se fiscaliza en el país. La circulación de capitales bolivianos para adquirir inmuebles estratégicos en Salta es una práctica que, según sus dichos, se ha normalizado con el paso del tiempo sin que las autoridades locales o nacionales intervinieran.
Impacto en tierras productivas y economía regional
Arce mencionó además cómo estas adquisiciones impactan en la economía regional al señalar que la producción local a menudo se desvía directamente al exterior sin dejar beneficios en el departamento. Esto refleja una integración asimétrica donde el recurso tierra queda en manos de actores externos. La legislación actual parece haber sido insuficiente para monitorear quiénes son los verdaderos dueños de los campos en una zona tan sensible de la frontera argentina.
Falta de trazabilidad y exportación directa
El legislador aclaró que el espíritu de la modificación de la ley de tierras es fomentar la inversión genuina y ordenar una situación que ya está descontrolada. “La verdad es que hay empresas instaladas donde hay ganadería, donde hay siembras, y muchas veces esas cosas que están ahí no lo ven en el departamento, se lo llevan al puerto y se exportan”, explicó Nicolás Arce. La falta de trazabilidad sobre la producción y los propietarios es un agujero negro para la soberanía provincial.
Reaseguro sobre la soberanía
Finalmente, Arce buscó llevar tranquilidad al remarcar que la nueva normativa no implica ceder soberanía. “La gente cree que van a venir a sacar las tierras y se las llevan, en realidad se busca que haya inversión”, comentó el diputado. De todos modos, su confesión sobre los carteles de venta con prefijos telefónicos bolivianos encendió las alarmas, evidenciando que el descontrol en la venta de tierras limítrofes ya es un hecho consumado desde hace mucho tiem
po en Salta.
