SALTA.- (Por Diego Nofal) El procurador general Pedro García Castiella describió con crudeza cómo el narcotraficante Cristian Palavecino se adueñó del penal de Villa Las Rosas sin que el Ministerio Público haya anunciado ninguna investigación sobre los responsables de esos privilegios. Relató que el recluso contaba con equipamiento de crossfit mientras otros presos jugaban al fútbol y que las cámaras de seguridad fueron orientadas para no apuntar a su celda. Esos datos configuran un escándalo de corrupción penitenciaria que el jefe de los fiscales conoció en tiempo real y dejó pasar.
El funcionario reconoció que Palavecino “había logrado prácticamente controlar el penal” y que todo eso “lo veníamos siguiendo y tenía absoluto conocimiento”. Sin embargo no informó si ordenó allanamientos o imputaciones contra los guardiacárceles que facilitaron ese dominio ni contra los funcionarios que miraron para otro lado. La inacción contrasta con la gravedad de los hechos que el propio procurador detalló con una frialdad que indigna a la sociedad salteña.
Muerte sin investigación
El funcionario judicial agregó que mientras Palavecino gozaba de esas comodidades “apareció un muerto en esos días que era consorte de causa de él en la causa de la banda del Coya Rojas”. Es decir que durante ese régimen de privilegios se produjo un homicidio dentro del penal y Castiella tampoco impulsó una investigación específica para deslindar responsabilidades de otros internos o del personal penitenciario. La confesión pública de esos hechos sin consecuencias judiciales demuestra una pasividad institucional que raya en la complicidad.
El procurador afirmó que la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue quien finalmente dispuso el traslado del recluso a una cárcel federal de máxima seguridad. Esa revelación confirma que el gobierno nacional debió intervenir porque las autoridades locales no actuaron a pesar del cúmulo de información que manejaban. Castiella tuvo en sus manos evidencias de un penal tomado por un homicida y no movilizó a sus fiscales para desbaratar la red de connivencias que lo sostenía.
Cómplices sin señalar
Llama la atención que Pedro García Castiella mencione a Bullrich como la única que reaccionó mientras él se limitaba a observar el imperio criminal que se había consolidado intramuros. El dominio de Palavecino no se explica sin la participación de agentes del servicio penitenciario y posiblemente de otros presos que también deberían ser investigados. Sin embargo el procurador general no dio ninguna señal de haber ordenado actuaciones que apunten a esas complicidades ni a los beneficios que el delincuente seguía recibiendo.
La descripción que hizo Castiella de un penal donde un reo manejaba las cámaras y los espacios de entrenamiento revela un Estado ausente y una fiscalía que miraba para otro lado. La sociedad salteña espera que el procurador explique por qué no inició causas penales contra cada persona que facilitó ese escenario de privilegio y muerte. Hoy sus palabras no son más que la crónica de una debacle institucional sin responsables identificados que él mismo contribuyó a perpetuar durante años.
