SALTA.- (Por Renato Ocampo) En un movimiento que oscila entre la desesperación financiera y el realismo mágico, el Gobierno de Salta confirmó la firma del Decreto 493. Lo que oficialmente se promociona como un ordenamiento de las cuentas públicas, es en realidad un «sinceramiento» brutal: Nación admitió deberle a la provincia apenas un vuelto, mientras que el equipo de Gustavo Sáenz tuvo que agachar la cabeza y reconocer una deuda que escala hasta las nubes.
La letra chica del Convenio de Extinción de Obligaciones Recíprocas es un cachetazo al optimismo federal. Javier Milei y su administración revelaron que la deuda con Salta por Obras Públicas de vivienda es de apenas $1.868 millones. Un monto insignificante frente al tsunami contable que viene de regreso: la provincia reconoció obligaciones por la friolera de $267.782 millones, compuestas mayoritariamente por un anticipo financiero de gestiones previas que hoy quema en las manos. Tras el cruce de cuentas, el saldo neto es humillante para el distrito norteño: Salta queda debiendo $265.914 millones.
Este pacto no es meramente contable; es una claudicación política de alto impacto. Para que la Casa Rosada aceptara este esquema de pagos, Salta aceptó el desistimiento de causas judiciales que mantenía contra el Estado nacional. Es decir, la Provincia guarda los reclamos legales en un cajón y se olvida de pelear por lo que consideraba propio a cambio de que le permitan pagar su propia soga en cómodas cuotas.
El esquema de cancelación es, por decir lo menos, asfixiante. La Provincia deberá desembolsar un primer tramo de $77.700 millones en cuatro cuotas desde este mismo agosto, seguido de otro pago en diciembre y un plan de capital restante que incluye una tasa nominal anual del 15%. Pero la verdadera «joya» del acuerdo es la garantía: la Nación podrá descontar fondos de la coparticipación federal de Salta de forma directa si el cronograma de pagos se interrumpe.
Con este panorama, muy probablemente también vaya a quedar en el “debe” los fondos que está invirtiendo Salta para terminar el puente de Vaqueros y la ruta 9/34, que le corresponden financiar a Nación.
Mientras el primer vencimiento ya golpea la puerta, queda claro quién ganó esta pulseada. Gustavo Sáenz podrá argumentar que «normalizó» la relación económica, pero la realidad muestra a una Salta con las manos atadas y el bolsillo comprometido por años. El saldo final de esta negociación no se mide solo en pesos, sino en la pérdida de autonomía frente a un Gobierno nacional que logró cobrar hasta el último centavo de interés, mientras las obras en la provincia siguen esperando un milagro.
