(SALTA).-(Por Matilde Serra)-.Ada Guillermina Zunino es hoy una de las funcionarias más cuestionadas dentro del sistema judicial de Salta. Durante años se desempeñó como jueza de Garantías y, en marzo de 2026, el gobernador Gustavo Sáenz impulsó su ascenso a la Defensoría General de la Provincia. El nombramiento llegó, sin embargo, después de una extensa sucesión de pedidos de jury, recusaciones, decisiones controvertidas y cuestionamientos públicos sobre su actuación. Lejos de perjudicar su carrera, todos esos antecedentes convivieron con su llegada a uno de los cargos más importantes del Ministerio Público.
Ahora su nombre vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. La abogada Micaela Plaza Amado habría presentado una denuncia ante la Fiscalía Federal de Salta en la que describiría una presunta trama de irregularidades dentro del ámbito judicial, según publicó Opinorte. La acusación potencialmente más grave sería aquella según la cual Zunino habría sido destinataria de dinero relacionado con la liberación de un imputado en una causa por drogas. Se trata de una acusación de enorme gravedad que deberá ser investigada y que, mientras no existan pruebas y resoluciones judiciales que la acrediten, debe ser considerada exclusivamente como la versión de la denunciante.
De los pedidos de jury a las polémicas judiciales
Los antecedentes de Zunino vienen de lejos. En 2018, los entonces diputados provinciales radicales Héctor Chibán, Mario Mimessi y Humberto Vázquez solicitaron formalmente un jury de enjuiciamiento por su actuación en la causa contra el diputado Kuldeep Singh. La presentación reclamaba su destitución y mencionaba presunto mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y prevaricato a partir de las decisiones adoptadas por la magistrada en aquella investigación. El pedido fue publicado entonces por Informate Salta, entre otros medios salteños.
No sería el único pedido de jury. En 2021, el abogado Vidal Villalba Samaniego, representante de una de las víctimas, pidió el enjuiciamiento de Zunino luego de que la jueza concediera arresto domiciliario al abogado Matías Sanz Navamuel. El acusado acumulaba numerosas imputaciones vinculadas con hechos de violencia de género, amenazas y desobediencias judiciales. El pedido de jury fue publicado por Página/12, mientras que el propio Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la fiscala María Luján Sodero Calvet había apelado la domiciliaria y solicitado su revocación al considerar que existía riesgo para la víctima.
Otro episodio de fuerte repercusión pública ocurrió en 2017, cuando fueron robados 27.000 dólares que Zunino tenía guardados dentro de su despacho en Ciudad Judicial. La propia magistrada explicó posteriormente que el dinero era suyo, que lo había retirado para concretar una operación inmobiliaria y que, al postergarse la transacción, había quedado temporalmente en su oficina. El episodio y las explicaciones de Zunino fueron publicados por Informate Salta y generaron una considerable polémica alrededor de la entonces jueza.
Años después volvería a quedar bajo cuestionamiento por distintas decisiones judiciales. Uno de los episodios más sensibles fue, precisamente, el caso Sanz Navamuel. La Justicia había dispuesto su detención y, cuando Zunino actuó interinamente en el Juzgado de Garantías 3, dictó una medida sustitutiva y le concedió arresto domiciliario. La decisión fue apelada por la fiscala Sodero Calvet, quien sostuvo que existían riesgos procesales y personales. El caso fue informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta y también tuvo amplia repercusión en Página/12.
En 2023, Zunino volvió al centro de la escena durante las protestas docentes en el acceso a Salta. Después de la detención de 19 manifestantes, el abogado Álvaro Arias Camacho, defensor de varios de ellos, presentó formalmente su recusación. El letrado sostuvo que las declaraciones públicas realizadas por la magistrada implicaban un supuesto adelantamiento de juicio respecto de personas sobre cuya situación judicial todavía debía resolver. La recusación fue informada por Diario Chiquito y otros medios provinciales.
Pocos días después, la propia Zunino decidió inhibirse de continuar interviniendo en aquella causa. Argumentó haber sufrido una situación de “violencia moral” y sostuvo que su apartamiento permitiría garantizar la transparencia de las actuaciones. La decisión fue informada por La Hora de Salta, entre otros medios. Para entonces, el conflicto ya había adquirido dimensión política y mediática y la conducta de la magistrada volvía a ser motivo de discusión pública.
Durante 2025, nuestro medio cuestionó otro aspecto de Zunino: su creciente exposición mediática mientras todavía ejercía como jueza. Desde estas páginas se sostuvo reiteradamente que una magistrada debería expresarse fundamentalmente a través de sus resoluciones y se puso el foco sobre entrevistas en las que Zunino abordó expedientes sensibles y realizó afirmaciones sobre personas involucradas en investigaciones todavía controvertidas.
Uno de los casos que generó mayores cuestionamientos fue el de Jimena Salas y los hermanos Saavedra. En este sitio se puso bajo la lupa afirmaciones públicas de Zunino relacionadas con los hermanos y con la muerte del comisario Vicente Cordeyro, y planteó que algunas de esas manifestaciones no tendrían correlato conocido en los expedientes. También cuestionó las apariciones mediáticas de Zunino y del procurador Pedro García Castiella por considerar que semejante exposición podía afectar, cuanto menos, la percepción pública de independencia de la Justicia.
El vínculo con el oficialismo, Demitropulos y el ascenso de Sáenz
Pero existe otro elemento que atraviesa buena parte de las críticas contra Zunino: su presunta cercanía con el Gobierno provincial. Nuestro medio viene señalando desde antes de su ascenso que la magistrada habría mantenido una relación privilegiada con sectores del oficialismo. En noviembre de 2025, fuentes calificadas citadas por este medio sostenían que el gobierno de Gustavo Sáenz impulsaba su crecimiento dentro de la estructura judicial y que en el Grand Bourg existía una especial consideración hacia la entonces jueza.
El señalamiento se volvió todavía más delicado en marzo de 2026. Cuando Zunino fue promovida a Defensora General, se informó que, según fuentes judiciales, habría resultado fundamental para la imputación por intimidación pública contra el director de El Intransigente, una causa que —siempre de acuerdo con esas fuentes— habría sido solicitada desde el propio Centro Cívico Grand Bourg. Aquella columna llevó un título que sintetizaba la posición editorial del sitio: “El premio a la obediencia es para Ada Zunino”.
Las sospechas planteadas no terminaron allí. En julio de 2026, El Intra Salta publicó que fuentes de primer nivel dentro del Poder Judicial aseguraban que Zunino habría sobrevolado audiencias testimoniales vinculadas con causas contra periodistas y dirigentes opositores en las denominadas causas por fake news. Incluso, según esas mismas fuentes, habría sugerido cambios de abogados en algunos de los acusados. Nuevamente, se trata de información atribuida a fuentes reservadas y no de hechos establecidos judicialmente, pero constituye otro antecedente dentro de los cuestionamientos acerca de la relación entre Zunino y el oficialismo salteño.
Dentro de esa presunta relación con el poder aparece ahora un nombre particularmente sensible: Nicolás Demitropulos, coordinador administrativo de la Gobernación y uno de los funcionarios de confianza del esquema de Gustavo Sáenz. Según fuentes consultadas por nuestro medio dentro del propio Grand Bourg, Zunino mantendría una estrecha vinculación con Demitropulos y recibiría instrucciones directas del funcionario. Es una afirmación de las fuentes y, como tal, no constituye por sí misma un hecho probado.
Demitropulos es uno de los personajes de mayor influencia y menor exposición pública del Gobierno provincial. Se mueve lejos de los flashes desde las oficinas del Centro Cívico Grand Bourg. Su nombre también quedó recientemente involucrado en controversias propias: en mayo de 2026, se hizo pública una denuncia por presunto hostigamiento y acoso laboral en la que una empleada sostuvo que personas vinculadas al funcionario le habrían advertido que no debía enfrentarlo debido a su supuesta influencia sobre el poder político y judicial.
Con semejante recorrido, la decisión política adoptada en 2026 adquiere una relevancia inevitable. Gustavo Sáenz propuso a Ada Zunino para conducir la Defensoría General pese a que todos estos antecedentes y cuestionamientos eran de conocimiento público. El Senado terminó aprobando su pliego y Zunino dejó el Juzgado de Garantías para ocupar uno de los vértices del Ministerio Público provincial.
Incluso existió resistencia a su designación. En ese entonces, se informó que una asociación civil de defensores oficiales había enviado una nota al Senado manifestándose contra su llegada a la conducción del organismo y planteando reparos institucionales. El planteo no impidió su designación. Desde la mirada editorial de este medio, el ascenso terminó constituyendo la culminación de una trayectoria en la que los cuestionamientos y las sospechas sobre una presunta cercanía con el poder político provincial, lejos de representar un obstáculo, convivieron con su crecimiento institucional.
Zunino llega así a esta nueva tormenta después de un recorrido difícil de ignorar: pedidos de jury, una recusación formal, cuestionamientos por decisiones adoptadas en causas de violencia de género, polémicas por sus declaraciones públicas, señalamientos sobre su presunta cercanía con el poder político y, ahora, una nueva denuncia de enorme gravedad que deberá ser investigada.
Nada de ello permite anticipar responsabilidades penales ni reemplazar el trabajo de la Justicia. Pero una cosa es la responsabilidad penal y otra, muy distinta, la responsabilidad institucional. Cuando una funcionaria acumula durante años semejante cantidad de controversias y, en lugar de quedar relegada, termina ascendiendo hasta uno de los cargos más importantes del Ministerio Público, la pregunta deja de ser únicamente quién es Ada Zunino.
La pregunta también es por qué Gustavo Sáenz decidió premiarla.
