SALTA.- (Por Renato Ocampo) La reciente decisión del Ministerio de Economía de la Nación que oficializó la privatización de rutas nacionales en Salta desnudó no solo el desfinanciamiento sistemático que sufre nuestra infraestructura vial, sino también una alarmante apatía política. A través de la Resolución 1379/2026, el Gobierno nacional entregó a un consorcio privado la explotación y el mantenimiento de tramos estratégicos de las rutas nacionales 9 y 34 por un plazo de dos décadas. Lo más grave de este escenario no es solo el tarifazo que se avecina para los usuarios de nuestra provincia, sino la alarmante inacción de una oposición desarticulada. Ningún sector político alternativo se ha puesto firmemente en contra de esta medida ni ha intentado evitar que ocurra, dejando desamparados a los ciudadanos frente a un traspaso discrecional de los costos estatales a la actividad privada.
Esta preocupante pasividad legislativa y partidaria en Salta y a nivel nacional consagra un retroceso histórico. El silencio de la oposición ante la entrega de casi 600 kilómetros de trazado del corredor Noroeste, que incluye 66,51 kilómetros de la estratégica Ruta 34 y la Ruta 9 hasta el ingreso a la capital provincial, resulta incomprensible. Mientras los partidos tradicionales y los nuevos espacios debaten en internas estériles, el Gobierno avanza con un esquema que condenaría a los salteños a pagar tarifas de peaje de $2.285 más IVA para transitar por caminos que deberían ser garantizados por el propio Estado.
Privatización de rutas: del impuesto confiscado al triple peaje
Para comprender la magnitud de este despojo, es necesario analizar el mecanismo económico detrás del mantenimiento vial. Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, el Gobierno de Javier Milei decidió clausurar de manera absoluta la inversión en Obras Públicas, reteniendo la totalidad de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles. Este tributo, que cada ciudadano abona religiosamente cada vez que carga un litro de nafta o gasoil con el fin específico de financiar y mantener las carreteras del país, hoy se desvía a las arcas centrales para sostener un superávit financiero. Es decir, el dinero está, se recauda, pero no vuelve a las rutas.
Pero el perjuicio para el ciudadano salteño no se agota allí; se multiplica por tres. Ante el abandono flagrante de la Nación, la gestión provincial liderada por el gobernador Gustavo Sáenz se vio obligada en los últimos meses a destinar recursos propios, pertenecientes al presupuesto de todos los salteños, para realizar trabajos urgentes de bacheo y conservación en estas mismas rutas nacionales desamparadas. De este modo, el vecino de Salta termina pagando la misma ruta en tres oportunidades distintas: primero, mediante el impuesto nacional a los combustibles que se queda la Casa Rosada; segundo, a través de los impuestos provinciales que la administración de Gustavo Sáenz debió desviar para tapar los pozos de las rutas nacionales; y tercero, mediante las tres nuevas estaciones de peaje proyectadas en Cabeza de Buey, El Naranjo y el acceso a Salta/AUNOR. Es un saqueo directo, legalizado por resolución ministerial, ante la mirada indiferente de quienes deberían controlar al poder.
Una condena de 20 años para toda una generación en el norte argentino
La duración de esta concesión, fijada rígidamente en 20 años, trasciende la mera administración de un servicio de transporte; representa una condena de dos décadas para la economía del NOA. Una decisión política discrecional e ideológica tomada hoy por el Ministerio de Economía de Luis Caputo hipoteca el futuro de toda una generación de salteños, comerciantes, productores y estudiantes que dependen diariamente de la Ruta 9/34 para trabajar, estudiar o acceder a centros de salud en Metán y Rosario de la Frontera, por ejemplo.
El modelo planteado por el Gobierno nacional promete una supuesta eficiencia basada en la eliminación de subsidios estatales. Sin embargo, traslada el 100% de la carga del mantenimiento vial al usuario común. Resulta profundamente injusto que las empresas adjudicatarias (Autovía Construcciones y Servicios S.A., VAPEU S.R.L. y GUIGIVAN S.R.L) reciban un negocio asegurado por dos décadas sin que el Estado nacional rinda cuentas de qué hace con los billonarios recursos del impuesto a los combustibles que continúa percibiendo.
La infraestructura vial no es un lujo suntuoso; es la columna vertebral que une nuestros pueblos y motoriza la producción de Salta, ya que tampoco tenemos líneas alternativas con trenes para mitigar estos efectos. Entregar su control por 20 años sin exigir un plan de obras públicas previo y transparente, mientras se cobra por triplicado a los contribuyentes, es una claudicación insoportable.
