SALTA.- (Por Renato Ocampo) La Cámara de Diputados de Salta sumó una página oscura a la política salteña al convertirse en el escudo de la impunidad. En un maniobra de encubrimiento explícito, el bloque oficialista saencista votó en pleno para proteger y blindar a los legisladores Francisco Gerardo Orellana y Héctor Raúl “Rulo” Vargas, rechazando de plano el proyecto sobre tablas presentado por el diputado de La Libertad Avanza, Franco Lastra, que exigía apartar de manera inmediata a ambos imputados del recinto.
Las causas judiciales detrás del pedido
La iniciativa parlamentaria buscaba sentar un precedente ético ante la gravedad de los expedientes que acorralan a los dos legisladores:
Francisco Gerardo Orellana (Departamento de Anta): Imputado junto a 14 implicados por liderar una red clandestina que gestionaba pensiones truchas por discapacidad a cambio de dinero y votos. La Fiscalía Federal de Salta le imputa asociación ilícita, fraude al Estado Nacional, falsificación de instrumento público e incumplimiento de deberes, al orquestar un desfalco calculado en $3.280 millones de pesos mensuales mediante certificados médicos falsificados.
Héctor Raúl “Rulo” Vargas (San Carlos): acusado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) a raíz de una escandalosa caja negra durante su Intendencia (2019–2024). El fraude detectado supera los $117 millones de pesos, incluyendo saqueos en efectivo por más de $64 millones sin comprobantes, la desaparición de fondos de programas nacionales y la venta fraudulenta de loteos sociales sin obras de infraestructura.
A pesar de que las sumas defraudadas rozan lo obsceno y las acusaciones ahogan la credibilidad de la Cámara, la mayoría oficialista prefirió el corporativismo y la complicidad por sobre la transparencia y el respeto a los salteños.
