SALTA – La Provincia y el municipio avanzan con obras en diez establecimientos educativos de Tartagal, incluidos parajes y comunidades originarias. La decisión se da en un contexto marcado por la paralización de la obra pública nacional y vuelve a poner en discusión quién sostiene la infraestructura básica cuando Nación se retira.
La paralización de buena parte de la obra pública nacional obligó a provincias y municipios a revisar prioridades, reasignar recursos y asumir responsabilidades que hasta hace pocos años tenían otra estructura de financiamiento. En Tartagal, esa situación empieza a tener una traducción concreta: la provincia de Salta y el municipio avanzan con la refacción y puesta en valor de diez establecimientos educativos, en un esquema de trabajo conjunto que busca sostener infraestructura escolar pese a la restricción de fondos.
La decisión adquiere relevancia no sólo por la cantidad de establecimientos alcanzados, sino por el contexto en el que se ejecuta. El freno de transferencias nacionales destinadas a obra pública modificó la ecuación fiscal de las provincias y, especialmente, de los municipios del interior, donde muchas intervenciones dependen de recursos externos para poder concretarse.
En ese escenario, el gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Franco Hernández Berni definieron mantener una agenda de obras escolares y distribuir las intervenciones entre instituciones del casco urbano y establecimientos ubicados en sectores más alejados del municipio.
La planificación incluye escuelas que reciben alumnos de parajes rurales y de distintas comunidades originarias, un punto particularmente sensible en el norte provincial, donde las distancias y las condiciones de acceso suelen profundizar las desigualdades existentes.
Educación, infraestructura y desigualdad territorial
La infraestructura educativa suele ocupar un lugar secundario en la discusión pública hasta que aparecen problemas concretos: edificios deteriorados, dificultades sanitarias, fallas eléctricas, filtraciones o espacios que ya no acompañan las necesidades pedagógicas.
Sin embargo, las condiciones materiales también forman parte de la política educativa.
Una escuela en condiciones adecuadas no resuelve por sí sola problemas como el abandono, los niveles de aprendizaje o las desigualdades sociales, pero constituye una condición básica para que docentes y estudiantes puedan desarrollar su actividad en un entorno seguro.
Por eso, el principal dato político de estas diez intervenciones no está tanto en presentarlas como una obra extraordinaria, sino en observar qué prioridad reciben cuando los recursos son limitados.
Frente a la reducción del financiamiento nacional, Provincia y municipio optaron por sostener partidas destinadas a establecimientos escolares. Esa decisión implica también resignar o postergar otros destinos posibles para esos mismos recursos.
El intendente Franco Hernández Berni planteó la situación en esos términos y vinculó las obras con la responsabilidad estatal de garantizar condiciones mínimas para enseñar y aprender.
“Sabemos perfectamente lo importante que es la formación de nuestras niñas, niños y adolescentes. En un contexto sumamente difícil, donde no contamos con los envíos de fondos nacionales para obras de este tipo, la articulación con el gobernador Gustavo Sáenz nos permite actuar. Garantizar lugares adecuados, seguros y dignos para que nuestros estudiantes aprendan y nuestros docentes enseñen no es un lujo, es una obligación de la gestión pública”, sostuvo.
La frase introduce una discusión que excede a Tartagal
El retiro del Estado nacional de buena parte de la obra pública no elimina las necesidades que esas obras pretendían resolver. En muchos casos, simplemente traslada la presión hacia provincias y municipios, que deben decidir si absorben esos costos, postergan las intervenciones o buscan nuevas fuentes de financiamiento.
Cuando una provincia o un municipio asumen infraestructura que anteriormente dependía total o parcialmente de Nación, el debate ya no pasa solamente por la eficiencia del gasto, sino por cómo se distribuyen las responsabilidades entre los distintos niveles del Estado y con qué recursos cuenta cada uno para sostenerlas. En Tartagal, la decisión de intervenir establecimientos fuera del centro urbano agrega además otro elemento: el criterio territorial.
Las obras en comunidades alejadas y escuelas vinculadas a pueblos originarios resultan especialmente relevantes porque allí las carencias de infraestructura suelen combinarse con otras desigualdades: menor conectividad, mayores distancias, dificultades de transporte y menor acceso a servicios.
Por eso, si existe un aspecto que puede otorgarle mayor valor a este programa, es precisamente evitar que la inversión se concentre únicamente en las escuelas de mayor visibilidad.
El impacto económico de las refacciones también es concreto, aunque acotado. Cada obra moviliza contratación de mano de obra, compra de materiales y proveedores locales. No constituye por sí sola una política de reactivación económica, pero sí genera actividad en sectores directamente vinculados con la construcción y el mantenimiento.
La discusión de fondo, de todos modos, sigue siendo educativa. Sostener escuelas en condiciones adecuadas debería formar parte de las obligaciones ordinarias del Estado y no depender de la excepcionalidad política. En un escenario de restricciones presupuestarias, lo que adquiere relevancia es la decisión sobre qué gastos se protegen y cuáles se reducen. En Tartagal, la Provincia y el municipio resolvieron sostener estas diez intervenciones.
El desafío será que esa política tenga continuidad, que las obras lleguen efectivamente a los establecimientos más postergados y que el retiro de fondos nacionales no termine profundizando las diferencias entre quienes viven en los centros urbanos y quienes estudian en los sectores más alejados del norte salteño.
