SALTA – El gobernador Gustavo Sáenz quedó en el centro de una polémica que expone con crudeza las negociaciones detrás de los votos que el Gobierno nacional necesita para avanzar con una reforma clave del Banco Central. En medio de las tratativas parlamentarias, la declaración de Cerrillos como Capital Nacional del Cerdo Negro aparece dentro de un paquete de proyectos de interés provincial que, según denunció la diputada Marcela Pagano, fueron utilizados como moneda de cambio para conseguir respaldo político.
La iniciativa que busca distinguir a la localidad salteña fue impulsada por la diputada nacional Yolanda Vega, integrante del espacio que responde políticamente a Sáenz. El proyecto reconoce la producción de esta raza porcina, criada y alimentada bajo características particulares, pero su inclusión en el temario parlamentario despertó sospechas sobre el momento elegido para avanzar con la medida.
Para Pagano, el problema no es la declaración en sí, sino el contexto de la negociación. La diputada denunció que los gobernadores terminaron aceptando un “canje” político: proyectos simbólicos y beneficios sectoriales para sus provincias a cambio de los votos que la Casa Rosada necesita para aprobar reformas de alto impacto institucional y económico.
“Se vendieron a cambio de los votos”, lanzó Pagano al cuestionar lo que definió como un “rosario de capitales nacionales” que, según su mirada, permiten a los gobernadores exhibir resultados políticos en sus distritos mientras el oficialismo consigue respaldo para proyectos de mayor trascendencia.
En ese esquema, Salta aparece con la iniciativa para convertir a Cerrillos en Capital Nacional del Cerdo Negro. Pero el proyecto salteño no fue el único. También ingresaron propuestas para declarar a Caá Catí, en Corrientes, como Capital Nacional de la Producción Bubalina, además de otros reconocimientos y medidas vinculadas a intereses específicos de distintas provincias.
La sospecha planteada por Pagano es que detrás de esos proyectos hay una negociación mucho más profunda. El oficialismo necesita reunir voluntades para habilitar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y avanzar con el proyecto de Inocencia Fiscal II. A cambio, los gobernadores habrían conseguido que sus demandas particulares fueran incorporadas al temario legislativo.
La diputada fue todavía más dura al referirse al rol de los mandatarios provinciales. Según denunció, luego de que se cuestionaran posibles mecanismos de distribución de recursos y obras antes de votaciones sensibles, el Gobierno habría encontrado otra forma de construir apoyos: ya no pagar con asfalto o fondos, sino con leyes.
Para Sáenz, la situación genera un fuerte costo político. La declaración de Cerrillos como Capital Nacional del Cerdo Negro puede representar un reconocimiento para productores y emprendedores locales, pero su tratamiento en el marco de una negociación por votos nacionales instala una lectura incómoda: que el gobernador salteño y sus aliados parlamentarios habrían aceptado acompañar reformas estructurales a cambio de una concesión de escaso peso frente a las consecuencias de los proyectos en discusión.
Pagano sintetizó esa crítica con una frase dirigida al corazón de la negociación: mientras a un gobernador le conceden una capital nacional, sus diputados podrían terminar votando una reforma que limite la asistencia del Banco Central y modifique sus objetivos centrales.
El planteo adquiere especial relevancia porque la reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca introducir cambios profundos en el funcionamiento de la autoridad monetaria. Para sus detractores, el proyecto restringe la posibilidad de asistencia financiera y elimina objetivos vinculados al empleo y al desarrollo con equidad social.
En ese contexto, la polémica excede al Cerdo Negro de Cerrillos. La discusión pasa por determinar cuánto vale el respaldo político de los gobernadores y qué están dispuestos a entregar sus legisladores para conseguir beneficios que luego puedan exhibirse en sus provincias.
La denuncia de Pagano puso a Sáenz y al resto de los mandatarios involucrados bajo una mirada incómoda. Porque mientras el Gobierno negocia los votos para modificar reglas centrales de la economía, en Salta la pregunta ya no gira solamente en torno al reconocimiento de una producción regional.
Mientras algunos sectores interpretan esta movida como una nueva señal de acercamiento de Gustavo Sáenz a las huestes de Javier Milei, otros cuestionan con dureza el precio político de ese entendimiento. Desde esa mirada, el gobernador salteño quedaría expuesto como un “migajero”, dispuesto a acompañar iniciativas de alto impacto nacional a cambio de beneficios simbólicos para la provincia, como una declaración de capital nacional que, según sus críticos, poco y nada modifica la realidad de los salteños.
