(SALTA).- Por Diego Nofal – Cuando el reloj marque las 0hs del 5 de septiembre, la provincia de Salta se verá forzada a aplicar un nuevo régimen penal juvenil que promete cambiar las reglas del juego para los adolescentes de 14 y 15 años.
Esta modificación legal, que en el papel suena a justicia expedita, choca de frente con una realidad cotidiana que suele ser mucho más compleja que cualquier artículo de un código. La pregunta que todos se hacen, desde los taxistas hasta los jueces, es si Salta tiene la capacidad operativa para manejar el previsible aluvión de casos que esta ley generará.
La respuesta, a juzgar por los números y las declaraciones oficiales, parece ser un rotundo «tal vez» que no convence a nadie. Javier Mónico, el secretario de Justicia, ha sido el encargado de llevar el mensaje de tranquilidad a la población y afirmó que en las distintas instituciones para menores hay poco más de cien jóvenes salteños en conflicto con la ley.
Este número, que Mónico presenta como una cifra manejable, es en realidad la capacidad máxima de un sistema que ya está al borde del colapso y que apenas respira. La lógica indica que si la edad de imputabilidad baja, el número de jóvenes detenidos aumentará de manera exponencial, y Salta no tiene un plan B para alojarlos dignamente.
Esa es la cruda realidad que los funcionarios intentan disfrazar con discursos optimistas sobre la adaptación de los institutos. El funcionario sostiene que la provincia está en condiciones de adaptar sus institutos penales juveniles para la nueva norma, pero al mismo tiempo reconoce con una sinceridad pasmosa que faltan resolver cuestiones de infraestructura.
Esta dualidad en el discurso revela la contradicción interna de un gobierno que quiere avanzar sin tener los cimientos necesarios para sostener el edificio legal. La nueva ley implicaría que esos cien jóvenes, más todos los que se sumen, sean juzgados y condenados como adultos, lo que requiere espacios con mayores medidas de seguridad y programas de reinserción específicos.
Salta no solo necesita más camas, sino también más psicólogos, más educadores y más personal de seguridad especializado. El nuevo régimen penal juvenil se presenta como una solución mágica para la inseguridad, una especie de varita que convertirá a los delincuentes en ciudadanos ejemplares con solo firmar un papel.
Sin embargo, la historia reciente de Salta está plagada de ejemplos donde la falta de previsión convirtió buenas leyes en problemas irresolubles y la improvisación fue la única aliada del gobierno. Meter a más chicos en instituciones que ya rebalsan de capacidad no es justicia, es simplemente un acto de negligencia administrativa que terminará pagando la sociedad toda.
La pregunta es si los padres de esos jóvenes saben que el nuevo régimen puede significar para sus hijos un pasaje directo a la escuela del crimen organizado dentro de las propias cárceles. La situación actual de los institutos penales juveniles en Salta es un reflejo de las carencias estructurales que aquejan a la provincia y el nuevo régimen penal juvenil viene a poner un foco de luz sobre una realidad que muchos preferían mantener en la penumbra.
La sobrepoblación y la falta de recursos son el pan de cada día en estos centros, y aumentarla será el combustible perfecto para una explosión social dentro de los muros. Mónico asegura que la provincia está lista, pero sus propias palabras sobre la infraestructura faltante delatan que la preparación es más teórica que práctica.
La paciencia de los salteños se pondrá a prueba cuando vean que la nueva ley no trae consigo los recursos prometidos. La implementación de este régimen no es un juego de niños, aunque los involucrados sean adolescentes, es un desafío que requiere planificación, presupuesto y voluntad política real y no solo discursos.
Salta no puede permitirse el lujo de fracasar en esta empresa, porque el costo humano de un sistema penitenciario juvenil colapsado es incalculable para el futuro de la provincia. El gobierno debe demostrar con hechos, y no con palabras, que puede manejar este cambio legal sin que los jóvenes terminen siendo las víctimas de un sistema que no los contiene.
La sociedad observa con atención, y el cinismo nos invita a no esperar grandes milagros de una administración que suele llegar tarde a las citas con la historia.
