(Salta) Por Diego Nofal.- A partir del próximo 5 de septiembre, la provincia de Salta y el resto del país deberán convivir con un nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Esta modificación legal, que genera debates encendidos en las redes sociales, llega con la promesa de una justicia más severa para los jóvenes infractores.
Sin embargo, la pregunta que resuena con más fuerza en los pasillos del poder no es si el castigo será ejemplar, sino si la infraestructura salteña podrá soportar el peso de esta nueva normativa.
La teoría suena bonita en los discursos oficiales, pero la práctica suele ser un terreno pantanoso donde las buenas intenciones se quedan atascadas.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos de Salta, Javier Mónico, salió al ruedo para dar cifras que pretenden calmar los ánimos y aseguró que en las distintas instituciones dedicadas a alojar a menores en conflicto con la ley hay poco más de cien jóvenes salteños en la actualidad.
Esta cifra, que podría parecer manejable a simple vista, es la punta del iceberg de una problemática que nadie quiere ver en su totalidad. Mónico sostiene que la provincia está en condiciones de adaptar sus institutos penales juveniles para la nueva norma, aunque admitió con una honestidad que raya en la ironía que todavía faltan algunas cuestiones relacionadas a la infraestructura.
Esa falta de infraestructura es el elefante blanco en la habitación, un problema crónico que la nueva ley viene a agravar con la elegancia de un elefante en una cacharrería. La lógica del funcionario parece sencilla y contundente, los menores que hoy están alojados en estos centros pasarían a ser juzgados y recibirían la misma condena que un adulto si la nueva ley ya estuviera vigente.
El problema radica en que ese centenar de chicos representa prácticamente el lleno total de la capacidad instalada con la que cuenta Salta para este tipo de casos. La pregunta que surge de manera inevitable es ¿dónde van a poner a los nuevos jóvenes que ingresen al sistema una vez que la norma entre en vigor?
La respuesta, por ahora, parece ser un misterio digno de una novela policial, aunque todos los indicios apuntan a que la creatividad de los funcionarios tendrá que ponerse a prueba. Implementar este régimen penal juvenil sin una planificación seria y realista es como querer meter diez litros de agua en una botella de un litro, un ejercicio de física básica que parece escapar a los planificadores.
La provincia de Salta enfrenta un desafío logístico mayúsculo, porque no se trata solo de cambiar leyes, sino de garantizar espacios dignos y seguros para los jóvenes infractores.
La sobrepoblación en estos institutos no es un chiste, sino una realidad que atenta contra los derechos humanos de los menores y que genera un caldo de cultivo para la violencia interna. Quizás el gobierno debería considerar que antes de bajar la edad de imputabilidad, debería haber subido la inversión en centros de detención.
La sociedad salteña demanda soluciones rápidas y mano dura contra la inseguridad, pero a menudo olvida que la justicia juvenil no es una simple ecuación de castigo y olvido.
El nuevo régimen penal juvenil trae consigo la ilusión de que la ley resolverá todo, pero la experiencia nos enseña que las leyes sin recursos son meros papel mojado.
La realidad es que los jóvenes en conflicto con la ley son el síntoma de un malestar social más profundo, y encerrarlos sin un plan de reinserción es solo posponer el problema para las próximas décadas.
Salta necesita un debate serio y profundo, no un parche que promete más de lo que puede cumplir. La declaración de Mónico sobre la capacidad de adaptación suena a música celestial para los oídos de los optimistas, pero el cinismo nos obliga a recordar los innumerables proyectos que quedaron en el camino por falta de presupuesto.
La nueva norma entrará en vigencia en septiembre, y el reloj no se detiene, mientras tanto los institutos penales juveniles de Salta esperan una inversión que no llega.
La pregunta no es si Salta quiere aplicar el nuevo régimen penal juvenil, sino si realmente puede hacerlo sin que el sistema colapse bajo su propio peso.
Veremos si la provincia está a la altura de las circunstancias o si, como de costumbre, la improvisación se convierte en la única política de estado.c
