(SALTA).- Por Diego Nofal.- La polémica estalló cuando la concejal Laura Jorge denunció en el Concejo Deliberante que la Municipalidad de Salta pretendía intervenir el muro perimetral del ex Colegio Nacional para construir estacionamientos sobre el pasaje Zorrilla. La obra había sido adjudicada a CYL SRL por $375.067.046,45, con un plazo de ejecución de 90 días, y contemplaba una intervención que podía avanzar entre cinco y seis metros hacia el interior del predio escolar.
El conflicto no comenzó ahora. Tal como había anticipado El Intra el 28 de agosto, padres y autoridades del Colegio Nacional ya rechazaban la intervención y advertían que el sector afectado era utilizado por los alumnos para actividades físicas y recreativas. La discusión tenía además otro componente: el valor patrimonial de un edificio emblemático de Salta y las autorizaciones necesarias para modificar su entorno.
La controversia creció cuando se conoció el argumento utilizado para justificar la obra. La Resolución Municipal 277/2026 sostiene que la intervención buscaba dar respuesta a la falta de estacionamiento para profesores y directivos. Sin embargo, desde el propio establecimiento negaron haber solicitado esas cocheras. “Nosotros no pedimos estacionamiento, tampoco el equipo directivo pidió estacionamiento”, afirmó la directora Claudia Perrone. La contradicción dejó instalada una pregunta inevitable: si el colegio no pidió los estacionamientos, ¿quién decidió que eran necesarios?
A esa discusión se sumó otra todavía más delicada. La Copaups confirmó que el proyecto no había ingresado previamente al organismo para su análisis, pese a la protección patrimonial que alcanza al establecimiento y su entorno. Cuando los técnicos realizaron la inspección, las tradicionales lajas de la vereda del pasaje Zorrilla ya habían sido levantadas. El organismo debió intervenir de oficio, labrar un acta y solicitar los planos y la documentación correspondiente.
Una obra de $375 millones bajo la lupa
El expediente también dejó interrogantes económicos. El presupuesto oficial había sido establecido en $294.594.393,33, a valores de marzo de 2026. Después de que el primer procedimiento quedara desierto por falta de oferentes, CYL SRL fue la única empresa que se presentó al segundo llamado y terminó adjudicándose los trabajos por $375.067.046,45, con valores de julio. La diferencia alcanzó los $80,4 millones, un 27,3% por encima del cálculo inicial.
La comunidad educativa respondió con un abrazo simbólico al Colegio Nacional y mantuvo el reclamo aun después de que comenzaron a circular versiones sobre una posible paralización. Padres, alumnos y exalumnos exigieron conocer los planos, las autorizaciones y el destino de las lajas retiradas, además de reclamar garantías concretas de que el muro y los espacios utilizados por los estudiantes no serían afectados.
Finalmente, la presión consiguió un resultado. La Municipalidad confirmó que no continuará con la obra y anunció que las lajas retiradas serán nuevamente colocadas. El Ejecutivo explicó que decidió desistir ante la falta de consenso de la comunidad educativa. La marcha atrás evita, por ahora, que avance la intervención sobre el Colegio Nacional, pero no responde todas las preguntas que dejó el expediente.
Porque detrás de la obra cancelada queda un interrogante que excede al estacionamiento: cómo una intervención presupuestada inicialmente en $294,5 millones terminó adjudicada por más de $375 millones, comenzó a ejecutarse sin que el proyecto hubiera ingresado previamente a la Copaups y terminó siendo descartada después de la reacción de la comunidad educativa. El muro seguirá donde estaba. Las explicaciones sobre cómo se llegó hasta allí todavía están pendientes.
