(SALTA).-( Por Diego Nofal)- La defensora general de la provincia, Ada Zunino, decidió querellar a dos periodistas por un informe periodístico que consideró agraviante, pero el proceso de mediación se frustró porque ella no concurrió a la audiencia convocada. Sí una funcionaria judicial decidió incumplir un mandato judicial. El abogado Humberto Vázquez, quien representa a los periodistas, expresó su desconocimiento sobre los motivos exactos que llevaron a Zunino a iniciar este reclamo judicial.
En declaraciones periodísticas Vázquez señaló que la defensora pretendía reclamar daño y perjuicio, pero nunca explicó en qué basaba su requerimiento. El letrado manifestó que hubiese sido muy bueno poder escucharla y de alguna manera poder responder al requerimiento de ella durante la instancia de mediación.
La mediación es un paso obligatorio previo a cualquier juicio, y su ausencia en la audiencia deja sin efecto todo el proceso iniciado. Vázquez explicó que al no ir la convocante, se entiende que está abortada absolutamente la mediación porque a ella no se le da la posibilidad de una segunda instancia.
En ese caso, solamente se les da a los convocados la opción de informar si van a la primera o a la segunda audiencia, pero la inasistencia de Zunino fue determinante. El abogado radical cumplió con el requerimiento y se presentó en la mediación con la expectativa de escuchar a quien había convocado a los periodistas. Sin embargo, la ausencia de la defensora general impidió que se desarrollara el encuentro y que las partes pudieran intentar una solución dialogada. Claro si no hay cámaras y micrófonos parece que la defensora no le gusta mucho dialogar. Este hecho resulta paradójico si se considera que Zunino ha propuesto la mediación como herramienta para evitar la judicialización de conflictos en la provincia.
Precisamente, al asumir como defensora general, impulsó los métodos alternativos de resolución de disputas para descongestionar el sistema judicial salteño. Pero en este caso, la propia funcionaria no respetó el mecanismo que ella misma promovió, dejando en evidencia una contradicción entre el discurso y la práctica. La querella contra los periodistas por un informe periodístico plantea un serio interrogante sobre el respeto a la libertad de expresión en Salta.
Los periodistas tienen el derecho y el deber de informar, y someterlos a un proceso judicial por su labor genera un peligroso antecedente de intimidación. La defensora general, como máxima autoridad del Ministerio Público, debería ser la primera en garantizar ese derecho constitucional y no en perseguir a quienes lo ejercen. El fracaso de esta mediación deja a Zunino sin el camino legal para avanzar con su querella, pero también deja una imagen de hostilidad hacia la prensa. La Defensora general no debería estar en el barro mediático,. sino cumpliendo sus funciones,.esperamos que reflexione sobre su accionar y priorice el diálogo por sobre la confrontación judicial con los medios de comunicación.
