(Por Diego Nofal) Ada Zunino, la actual defensora general de la provincia, enfrenta una denuncia por corrupción institucional y cohecho ante la Justicia Federal, pero el procurador Pedro García Castiella decidió acallar a la voz que incomoda. La abogada Micaela Plaza Amado interpuso esta grave acusación contra la ex jueza de garantías número 1, y sin embargo el expediente permanece en un cono de sombras que beneficia a la poderosa funcionaria. García Castiella le prohibió tajantemente a la denunciante que se exprese ante los medios de comunicación, un hecho que por sí solo debería encender todas las alarmas democráticas. ¿Acaso un funcionario público tiene atribuciones para silenciar a una ciudadana que denuncia presuntos delitos cometidos por una magistrada de la talla de Zunino?
La primera denuncia de Plaza Amado data del año 2020 y fue presentada ante el fuero local, aunque por supuesto nunca prosperó como suele ocurrir cuando se tocan intereses muy arraigados en el sistema judicial salteño. Aquella presentación señalaba la supuesta liberación de presos que se estaba realizando, pero el fuero local encontró la manera de archivar el caso sin mayores explicaciones ni investigaciones profundas. La nueva denuncia, sin embargo, tiene un peso específico mucho mayor porque ahora se habla de cohecho y de una trama de encubrimientos que involucra a la máxima responsable de la defensa pública provincial. García Castiella, en lugar de garantizar la transparencia del proceso, optó por el camino más sencillo y autoritario, que consiste en acallar a quien se atreve a hablar.
De acuerdo con lo que establece el expediente judicial, la denunciante habría sido testigo de casos de cohecho y de entregas de dinero a la actual defensora para direccionar causas judiciales, un testimonio que merece ser escuchado por toda la sociedad. El expediente también revela que el abogado Marcelo Fernández ejerció la abogacía sin título habilitante durante años, siempre bajo el amparo de Ada Zunino, quien incluso habría organizado una celebración en su domicilio particular. En esa reunión, según consta en la denuncia, estuvieron presentes el juez del Tribunal de Impugnación Luciano Martini, el juez de Garantías Ignacio Colombo y el defensor oficial penal Carlos Genovese, todos ellos rodeando a la magistrada. La presencia de estos jueces en la casa de Zunino, de acuerdo al expediente, refuerza la sospecha de que existía una red de complicidades que protegía al falso abogado Fernández.
El procurador García Castiella, al prohibirle hablar a Plaza Amado, se convierte en un eslabón más de esa cadena de encubrimientos que el expediente describe con lujo de detalles y que involucra a altos funcionarios. La ciudadanía salteña tiene derecho a conocer las acusaciones que pesan sobre una de las funcionarias más importantes del Poder Judicial, especialmente cuando se trata de delitos tan graves como el cohecho y la corrupción institucional. El silencio impuesto por García Castiella no solo perjudica a la denunciante, sino que también vulnera el derecho fundamental a la información que asiste a toda la sociedad en su conjunto. Lo paradójico es que el propio procurador no tiene reparos en aparecer en los medios cuando le conviene para hablar de temas menores, pero ante una denuncia incómoda prefiere el mutismo absoluto.
García Castiella ha concedido entrevistas y ha expresado opiniones públicas en diversas ocasiones, lo que demuestra que su prohibición no responde a una cuestión de principios sino a una conveniencia política que huele mal. La coherencia no parece ser el fuerte de un funcionario que decide cuándo hablar y cuándo callar según el impacto que sus palabras puedan tener en el statu quo judicial. Quizás el procurador debería recordar que los funcionarios públicos están al servicio de la ciudadanía y no al revés, aunque esa máxima parece haberse extraviado en los pasillos de los tribunales salteños. La gravedad de la situación se profundiza cuando se advierte que el silencio impuesto a Plaza Amado forma parte de una estrategia más amplia para proteger a Ada Zunino y a su círculo íntimo.
La defensora general cuenta con poderosos aliados en la estructura judicial y política de Salta, lo que explica por qué una denuncia tan seria no ha trascendido con la fuerza que merece según lo que establece el expediente. El procurador García Castiella, al prohibirle hablar a la denunciante, se convierte en un cómplice necesario de una trama de corrupción que el expediente describe en profundidad. La Justicia salteña necesita urgentemente una limpieza interna que comience por garantizar que todas las voces, incluso las incomodas, puedan ser escuchadas sin restricciones arbitrarias. Mientras tanto, la abogada Plaza Amado permanece en un silencio forzado que contradice los principios más elementales de un Estado de derecho que se precie de tal.
Los ciudadanos de Salta merecen saber qué está ocurriendo en el corazón del sistema judicial provincial, y el procurador no puede erigirse en censor de la información pública por más que le pese. La denuncia contra Ada Zunino no es un asunto menor ni un conflicto entre abogados, sino una acusación de corrupción que involucra a la máxima autoridad de la defensa oficial. Ojalá que García Castiella reflexione sobre su decisión y permita que la denunciante ejerza su derecho a expresarse, porque de lo contrario su figura quedará manchada para siempre en la historia judicial de la provincia. La democracia se fortalece con la transparencia y el debate público, no con el ocultamiento y las prohibiciones que benefician a unos pocos poderosos.
