(SALTA).- El sistema de transporte metropolitano de Salta atraviesa horas de tensión por las dificultades financieras que afectan a las empresas concesionarias y que podrían repercutir directamente en la prestación del servicio. Ante las advertencias de las compañías, SAETA intimó a garantizar la continuidad de los recorridos y reconoció que gestiona ante el Gobierno provincial una asistencia financiera extraordinaria para afrontar el déficit operativo.
El organismo advirtió a las empresas que una eventual interrupción del servicio podría ser considerada un incumplimiento contractual, elevando así el nivel de preocupación frente a un escenario que tiene como trasfondo las dificultades para cumplir con los pagos.
En este contexto, las provincias quedaron frente a un escenario cada vez más complejo: compensar con recursos propios la pérdida de fondos nacionales, trasladar mayores costos a los usuarios mediante aumentos del boleto o aceptar una reducción en las frecuencias y en la calidad del servicio.
Para Salta, el margen de maniobra es particularmente delicado. La provincia debe afrontar un sistema de transporte masivo mientras, al mismo tiempo, la coparticipación permanece estancada y las cuentas públicas enfrentan mayores presiones.
Un problema que excede a las empresas
La amenaza de una afectación del servicio no puede ser leída únicamente como una disputa entre SAETA y las empresas concesionarias. Detrás de las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano aparece una discusión más profunda sobre quién debe financiar el transporte público del interior.
SAETA cumple un rol central en el área metropolitana salteña. Miles de trabajadores y estudiantes dependen diariamente de los colectivos para trasladarse entre la capital y las localidades cercanas. Por eso, cualquier modificación significativa en las frecuencias o una eventual interrupción del servicio tendría un impacto inmediato en la vida cotidiana de la población.
Además, el costo político de una crisis del transporte recae principalmente sobre el Gobierno provincial, aun cuando una parte importante del deterioro financiero del sistema está vinculada con el nuevo esquema de distribución de subsidios definido a nivel nacional. La situación vuelve a plantear, entonces, una pregunta que atraviesa a prácticamente todas las provincias: ¿hasta dónde puede Salta continuar reemplazando con recursos propios los fondos que Nación dejó de aportar?
