(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La inminente amenaza de un paro de colectivos después de la fiesta del Milagro no es un capricho sindical, sino la crónica de una muerte anunciada por la propia ineficiencia estatal. SAETA le adeuda a los empresarios del transporte los fondos de julio, y la pregunta que ninguno de sus directivos quiere responder es si esa falta de dinero también afecta sus propios bolsillos.
La sospecha de que la plata para los sueldos políticos siempre está disponible mientras el servicio se desangra es una ofensa para la inteligencia del ciudadano que paga el boleto más caro del país.
Resulta patético que en el resto de la Argentina las provincias hayan encontrado mecanismos más ágiles para gestionar subsidios sin necesidad de una agencia intermediaria que solo añade burocracia y costos operativos. SAETA es ese mamarracho semi gubernamental que recibe los fondos nacionales, les resta un jugoso porcentaje para pagar directivos y recién entonces entrega las migajas a quienes realmente mueven los coches.
No existe un solo estudio serio que demuestre que este modelo agregue eficiencia o transparencia, por el contrario, es un agujero negro por donde se esfuma el dinero que debería abaratar el boleto. ¿Por qué los salteños debemos mantener una estructura que solo sirve para engrosar la nómina de empleados políticos y pagar favores a cambio de lealtades en lugar de invertir ese caudal en mejorar las unidades o reducir la tarifa?
La respuesta es tan sencilla como cínica, porque SAETA no fue creada para solucionar problemas de movilidad, sino para distribuir prebendas y cargos entre los amigos del poder de turno. Mientras la caja política no se toca, las empresas se hunden en la incertidumbre financiera y los pasajeros se preparan para otra semana de caos y caminatas bajo el sol salteño.
Es una entidad sin control real donde nadie sabe qué intereses se generan con los fondos mientras reposan en sus cuentas antes de ser transferidos a los dueños de los coches. Tampoco existe claridad sobre los criterios de distribución, ni auditorías independientes que verifiquen que cada peso enviado por Nación llegue a su destino final sin ser esquilmado por el camino.
Este derroche institucional se vuelve más escandaloso cuando los subsidios nacionales disminuyen y la excusa para aumentar el boleto siempre es la misma y nunca incluye la autocrítica sobre el costo de su propia estructura. Cerrar SAETA no es una medida extrema, es una necesidad lógica que dejaría de sangrar recursos y permitiría que los subsidios fluyan directamente a las empresas sin intermediarios que se cobran un peaje innecesario.
La misma urgencia que demuestran los empresarios para cobrar debería aplicarse para disolver esta organización parasitaria que solo sobrevive de la inercia política y la desidia ciudadana. No hay razones operativas ni financieras que justifiquen su continuidad, y cada día que pasa sin que se tome una decisión al respecto es un día donde la plata de todos se quema en salarios improductivos.
Los salteños debemos exigir que se termine este circo burocrático y que los recursos destinados al transporte se administren con la seriedad que merece un problema que afecta a miles de trabajadores y estudiantes a diario. La eficiencia no se construye añadiendo capas de gestión absurda, sino eliminando aquellas que solo sirven para ocultar la realidad y perpetuar privilegios que ya no podemos sostener.
