(SALTA).-( Por Diego Nofal)-.- Aquel diciembre de 2018 quedará grabado en la memoria de los salteños como el día en que la política y la justicia se dieron un abrazo cómplice para salvar a Ada Zunino. El Jurado de Enjuiciamiento, compuesto por figuras cercanas a Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, decidió que la jueza no merecía la destitución. Los argumentos del tribunal fueron tan sólidos como un castillo de naipes en medio de una tormenta salteña. La excusación del presidente de la Corte, Guillermo Catalano, y de Ernesto Sansón allanó el camino para un veredicto que olía a nafta y a política por todos los costados.
Los diputados radicales Héctor Chibán, Mario Mimessi y Humberto Vázquez habían presentado una acusación contundente contra la jueza de Garantías Nº 1. La denuncia señalaba mal desempeño, abuso de autoridad y prevaricato en la causa del diputado Kuldeep Singh, imputado por un violento robo en la empresa Nutribras S.A. La magistrada, lejos de actuar con imparcialidad, se comportó como la defensora particular del legislador y generó un escándalo de proporciones bíblicas. El pedido de jury era la herramienta constitucional para limpiar la mancha que Zunino había dejado en el Poder Judicial salteño.
El fiscal de la causa había pedido la detención y el desafuero de Singh, pero la jueza decidió hacer oídos sordos y liberar a los cómplices con argumentos peregrinos. La magistrada sostuvo que los videos del asalto estaban editados y que no se podía demostrar que los imputados hubieran llegado juntos al lugar del hecho. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó por unanimidad los allanamientos y el desafuero, dejando a Zunino en una posición más que incómoda. El propio presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, le recomendó leer el Código Procesal Penal como quien le enseña a un niño a atarse los cordones.
El Jurado de Enjuiciamiento, sin embargo, tenía otros planes y no estaba dispuesto a sacrificar a una de los suyos por un simple escándalo mediático. Guillermo Catalano y Ernesto Sansón presentaron sus excusaciones y el cuerpo quedó presidido por el juez Fabián Vittar. La decisión final fue que no se podía destituir a un juez por un solo expediente, porque el mal desempeño requiere un análisis global de la conducta. Los integrantes del tribunal, entre ellos el juez Guillermo Posadas y la fiscal Pamela Calletti, validaron una resolución que olía a arreglo de pasillos.
El diputado Chibán no se guardó nada y calificó los argumentos como vergonzosos y una afrenta para todos los salteños que creen en la justicia. El legislador radical disparó contra Catalano, señalando que protegía a los jueces corruptos en representación de Urtubey y Romero, los dos grandes padrinos políticos de la provincia. La declaración de Chibán fue como un baldazo de agua fría para quienes aún creían en la independencia del Poder Judicial salteño. El escándalo quedó instalado en la opinión pública, pero la estructura de poder ya había hablado y su veredicto era inapelable.
Los diputados del radicalismo habían hecho su trabajo y presentado las pruebas necesarias para destituir a una jueza que había fallado de manera escandalosa. Sin embargo, el engranaje político judicial funcionó con la precisión de un reloj suizo para garantizar que Zunino no perdiera su cargo. La excusación de Catalano y Sansón no fue casual ni mucho menos inocente, sino una jugada maestra para cambiar la composición del tribunal. El juez Fabián Vittar, que quedó al frente del cuerpo, entendió perfectamente el mensaje y dictó la resolución esperada.
El acuerdo entre romeristas y urtubeycistas fue el salvavidas que Zunino necesitaba para seguir en la justicia y eventualmente ascender a Defensora General de la Provincia. La misma jueza que había sido cuestionada por proteger a un diputado acusado de robo terminó siendo protegida por la élite política salteña. Los radicales, que habían impulsado el jury con la esperanza de limpiar el sistema, se encontraron con una pared de cemento armado. El diputado Chibán quedó como el héroe que denunció la corrupción pero no pudo vencer al sistema que la alimenta.
Hoy, Ada Zunino ocupa el cargo de Defensora General y su pasado parece haber sido borrado con un trapo húmedo por los mismos que la salvaron en 2018. La estructura política que la protegió entonces sigue intacta y operando con la misma eficacia que en aquel diciembre inolvidable. Los salteños, mientras tanto, siguen esperando que la justicia sea realmente independiente y no un apéndice del poder político de turno. La historia de Zunino es un recordatorio de que en Salta los acuerdos de oficina valen más que las pruebas y la ley. El día que la política salvó a una jueza es también el día que la justicia perdió un poco más de su credibilidad.
