(SALTA).-( Por Diego Nofal) El trámite minero denominado Cobre Dos Central en Molinos despierta fantasmas que el gobierno de Salta creía haber dejado atrás en la puna salteña. La empresa Humboldt Minerals Ltd busca explotar 933 hectáreas de terreno fértil donde se superponen las fincas Gualfín, Pucarilla y Compuel en el valle Calchaquí. La declaración de descubrimiento incluye minerales valiosos como litio, cobre, plata, oro, plomo, zinc y molibdeno en esa zona productiva. El problema radica en que la comunidad de Molinos está dispuesta a repetir la historia de Andalgalá y a ofrecer resistencia.
La minería en Salta había sido hasta ahora una actividad confinada a lugares deshabitados con climas extremos y difícil acceso para la población. Pero la cosa cambió radicalmente cuando el interés económico decidió cruzar el umbral de las fincas productivas y habitadas del valle. El procedimiento legal de la empresa ingresó en una etapa pública que obliga a notificar a todos los posibles afectados por la explotación. Este es el momento clave para que los propietarios de las tierras ejerzan su derecho a oponerse ante el juzgado de minas.
La comunidad de Molinos conoce muy bien el precedente de Andalgalá donde la movilización popular logró frenar un proyecto minero de gran envergadura. Los vecinos de esa localidad catamarqueña se organizaron rápidamente y bloquearon el avance de la empresa en su territorio. Ese ejemplo resuena ahora en el valle Calchaquí como una lección aprendida y una herramienta posible de replicar. La resistencia popular demostró ser efectiva cuando hay organización y voluntad política para sostenerla en el tiempo.
El gobernador Gustavo Sáenz observa con atención el desarrollo de este conflicto en pleno año electoral. Un levantamiento popular en Molinos podría generar un escándalo de escala nacional que ningún candidato quiere enfrentar en campaña. La administración provincial necesita estabilidad y paz social para transitar los meses previos a las elecciones sin sobresaltos. El gobierno deberá decidir si apoya el proyecto minero o si privilegia el diálogo con las comunidades afectadas.
Los 60 días que tienen los propietarios para recurrir al juzgado son un plazo fundamental en esta disputa territorial. La burocracia minera establece plazos y procedimientos que deben cumplirse rigurosamente para que la oposición sea válida. Desandar ese camino será largo y complicado, pero es la única vía legal para detener la explotación minera en la zona. Los pobladores de las fincas Gualfín, Pucarilla y Compuel deben actuar con rapidez y asesoramiento legal adecuado.
La presencia de litio en el subsuelo de Molinos añade un elemento de tensión adicional al conflicto minero. Ese mineral es estratégico para la transición energética global y despierta un interés económico muy difícil de contener por parte de las comunidades. La empresa Humboldt Minerals Ltd sabe que el litio vale oro en el mercado internacional y presionará para obtener los permisos necesarios. Pero la resistencia popular podría convertirse en un obstáculo insalvable si la comunidad se mantiene unida y firme.
El valle Calchaquí no es la puna salteña y sus habitantes no están dispuestos a sacrificar su modo de vida por la minería. La explotación de esos recursos implicaría un cambio radical en la dinámica social y económica de la región. Los pobladores de Molinos defienden su tierra, su agua y su producción agrícola frente al avance extractivista. La historia de Andalgalá demuestra que la movilización organizada puede frenar proyectos mineros incluso cuando parecen imparables.
El conflicto entre la minería y la comunidad de Molinos recién comienza y promete ser uno de los más intensos de la provincia. Las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo de la actividad minera en el valle Calchaquí. La palabra final no la tienen las empresas ni el gobierno, sino los pobladores que habitan esas tierras ancestrales. Salta se juega su futuro minero en esta encrucijada de intereses y derechos contrapuestos.
