(SALTA).- Por Matilde Serra.- En política nada ocurre por azar y pocas cosas son gratuitas. En el ajedrez del poder, la lealtad que no se paga con liquidez política suele transformarse rápidamente en una factura incobrable. Esa parece ser la premisa con la que el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, decidió caminar en las últimas 48 horas los pasillos porteños, desplegando una maniobra que combina la pragmática necesidad presupuestaria con una incipiente musculación política regional.
Sáenz ejecutó dos movimientos en apariencia inconexos que, leídos en perspectiva, constituyen una advertencia directa a la Casa Rosada. En el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, no dudó en encender las alarmas: la Argentina no está bien, advirtió sin anestesia, y la paciencia social tiene límites. Pero la frase más tajante no fue una crítica abstracta, sino una norma de convivencia política: “La lealtad es una avenida de ida y vuelta”. El reproche al gobierno de Javier Milei apuntaba al corazón de la relación con las provincias: la persistente falta de reciprocidad de un oficialismo que exige gobernabilidad pero posterga las obras, los avales financieros y el auxilio tarifario para un Norte acorralado por el rigor del clima y la distancia.
Sin embargo, la queja solitaria en un despacho no mueve la aguja en Balcarce 50. La verdadera respuesta de Sáenz no fue verbal, sino parlamentaria. A poco de salir del ministerio, el gobernador desembarcó en el Senado para exhibir un activo insustituible para el oficialismo: votos.
En una reunión relámpago, Sáenz logró sentar a una misma mesa a legisladores del Norte que expresan geografías y orígenes diversos: la salteña Flavia Royón, la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza, el catamarqueño Guillermo Andrada y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. No se trata de un bloque homogéneo ni de un partido formal, sino de algo mucho más pragmático: una fuerza de maniobra con capacidad de veto y construcción de mayorías. De la mesa al recinto no hubo escala; esos mismos legisladores garantizaron el quórum y facilitaron la aprobación de iniciativas centrales para el Ejecutivo, como la ley de Inocencia Fiscal II y el nuevo marco regulatorio de biocombustibles, con Royón a la cabeza.
Ahí radica la trastienda real del poder. Mientras la gestión libertaria intenta desgranar la discusión sobre el Presupuesto 2027, el salteño le recordó una aritmética matemática e incontestable: el Norte Grande representa 30 de los 72 senadores de la Nación. Más del 40 por ciento de la Cámara Alta. Si los gobernadores de la región logran estructurar una agenda común, la gobernabilidad de Milei dejará de depender del voluntarismo de la Casa Rosada y pasará a medirse en las necesidades del interior profundo.
El movimiento tiene, además, un eco histórico insoslayable. A mediados de la década del ochenta, bajo la impronta de mandatarios como Roberto Romero en Salta y con el aval federal de Raúl Alfonsín, el Norte Grande nació como una audaz propuesta de desarrollo. Aquel sueño del corredor bioceánico, del ferrocarril de cargas y de la integración con los países limítrofes entendía que las regiones no deben mendigar, sino integrarse. Por décadas, esa musculatura regional se fue atrofiando por impericia, desidia o sometimiento al centralismo porteño de turno.
Sáenz parece haber comprendido que el escenario de fragmentación política actual le otorga una oportunidad histórica para desempolvar esa vieja bandera. La demanda salteña por la reparación de rutas nacionales o la incorporación a la “Zona Cálida” para subsidiar el consumo eléctrico no son simples pedidos presupuestarios; son la prueba de fuego de un nuevo esquema de negociación.
La pregunta que sobrevuela hoy la política nacional excede la letra chica del próximo presupuesto: ¿estamos ante una simple transacción coyuntural de partidas y quórum, o ante el nacimiento de un bloque político regional con autonomía propia para incidir en la sucesión de 2027?
Javier Milei suele descalificar a la política tradicional, pero la política responde con reglas ancestrales. Si la Casa Rosada pretende consolidar sus reformas, deberá entender que el auxilio del Norte no es un cheque en blanco. Y que la lealtad, si no se cobra en obras y recursos, tarde o temprano se cobra en el recinto.
