(SALTA).-(Por Diego Nofal)- Camila Jorge ejerció la abogacía siendo concejal en Salta, una irregularidad institucional que pone en cuestionamiento su ética y desempeño dentro del cuerpo legislativo. La confirmación de que la edil de Rosario de Lerma litigaba de forma privada mientras ocupaba su banca expone una falta grave que los contribuyentes salteños no deberían pasar por alto.
Las normativas municipales establecen incompatibilidades claras para evitar que los representantes del pueblo litiguen en causas particulares mientras perciben un sueldo abonado por los contribuyentes. Actuar simultáneamente de ambos lados del mostrador no solo vulnera las reglas internas del Concejo, sino que constituye una falta directa a la transparencia que se le exige a cualquier representante electo.
El Ministerio de Justicia confirmó que Camila Jorge actuó como abogada siendo concejal, un dato que la propia Secretaría de Justicia incorporó a la denuncia presentada ante el Tribunal de Ética. La Ley Provincial 7204 regula un régimen estricto de incompatibilidades para funcionarios públicos, y la concejal parece haberla ignorado con una tranquilidad que resulta francamente sospechosa.
Resulta inaceptable que quienes ocupan bancas legislativas pretendan situarse por encima de las leyes que juraron respetar. La ciudadanía de Salta demanda funcionarios dedicados plenamente a resolver las problemáticas de la ciudad, no dirigentes que utilicen su visibilidad e influencia institucional mientras atienden asuntos e intereses del sector privado.
Frente a una inobservancia que compromete el rigor del trabajo deliberativo, la sanción debería ser proporcional a la gravedad del hecho. Los contribuyentes salteños le están pagando un sueldo para que realice una tarea que realiza a medias por una cuestión de ambición personal y por seguir ejerciendo su profesión como si nada hubiera cambiado en su vida.
La denuncia ya fue presentada ante el Tribunal de Ética, que deberá determinar si existió o no una infracción al régimen de incompatibilidades. Las sanciones previstas incluyen multas económicas, suspensión de la matrícula profesional e inhabilitación para ejercer por un plazo de hasta tres años, aunque habrá que ver si el tribunal actúa con la celeridad que el caso requiere.
Mientras tanto, la concejal sigue ocupando su banca y la ciudadanía sigue esperando explicaciones. La política salteña tiene una nueva oportunidad para demostrar que las reglas se aplican para todos por igual, aunque la historia reciente nos tenga acostumbrados a que algunos parecen tener un permiso especial para hacer lo que les venga en gana.
