(SALTA).- El Gobierno de Salta elevó el monto por debajo del cual podrá considerar inconveniente iniciar una demanda para recuperar perjuicios ocasionados al Estado. Según información a la que accedió El Intra, el nuevo límite quedó fijado en 15 IUS, equivalentes actualmente a $958.230.
La medida fue adoptada mediante resoluciones conjuntas de la Sindicatura General y la Fiscalía de Estado. Hasta ahora, el parámetro utilizado era de 10 IUS. La modificación amplía así en un 50% el margen económico dentro del cual la Provincia podrá desistir de llevar un reclamo a los tribunales.
El argumento es estrictamente práctico: existen causas en las que los honorarios, las notificaciones, las pericias y el tiempo de los abogados estatales podrían costar más que el dinero que se intenta recuperar. Bajo ese criterio, iniciar el juicio terminaría provocando un gasto adicional para las cuentas públicas.
La decisión no significa que las deudas o los daños inferiores a $958.230 queden automáticamente perdonados. Cada organismo deberá mantener las actuaciones administrativas, determinar responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes e intentar recuperar el dinero por otras vías.
La diferencia estará en la instancia judicial. Fiscalía de Estado podrá evitar una demanda cuando concluya que el costo probable del proceso supera el beneficio económico esperado. La aplicación dependerá del análisis de cada expediente y de las posibilidades concretas de cobro.
El nuevo umbral también plantea una cuestión de control. Una suma cercana al millón de pesos puede resultar pequeña frente al presupuesto provincial, pero sigue siendo significativa para cualquier contribuyente. La Provincia deberá explicar cuántos casos quedarán alcanzados y cuál es el monto total que podría dejar de reclamar ante la Justicia.
La información que falta será decisiva para medir el alcance real de la medida: cuántos expedientes permanecen abiertos por debajo del nuevo límite, qué organismos concentran esos perjuicios y cuánto logró recuperar el Estado durante los últimos años. Sin esos datos, el ahorro procesal también podría terminar escondiendo una pérdida acumulada
