(SALTA).- (Por Diego Nofal).-Dos situaciones recientes en municipios de la provincia de Salta reavivaron el debate sobre la transparencia en la función pública y el acceso a cargos estatales, en medio de denuncias y cuestionamientos por presuntas designaciones de familiares en puestos clave. Por un lado, en Cerrillos, la controversia gira en torno a una designación en el colegio del barrio Los Pinares, donde vecinos apuntan contra los hermanos tucumanos Luis y Darío “Membrillo” Albeza, quienes ocupan cargos como diputado y concejal respectivamente. Según las críticas surgidas en la comunidad, una familiar directa, esposa de uno de ellos, habría sido incorporada a la institución educativa, lo que generó malestar especialmente entre jóvenes que reclaman mayores oportunidades laborales.
El caso instaló con fuerza el concepto de la casta cerrillana, utilizado por distintos sectores para cuestionar prácticas vinculadas a vínculos familiares en la política y la falta de procesos transparentes en el acceso a cargos públicos. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el mecanismo de designación, lo que incrementa los pedidos de explicaciones y alimenta la indignación de una comunidad que observa cómo los espacios de trabajo se reparten entre allegados a los poderosos. La falta de respuestas oficiales profundiza la desconfianza en las instituciones locales.
En paralelo, en el municipio de La Candelaria, una denuncia de mayor alcance generó un fuerte impacto político, ya que según lo difundido en un programa radial, el intendente Ceferino Emanuel “Chepi” Díaz habría designado a al menos diez familiares directos dentro de su gabinete. Estos familiares ocuparían áreas estratégicas como Gobierno, Hacienda, Tesorería y Compras, y entre los nombres mencionados figuran hermanos, su esposa y otros parientes cercanos. Esto despertó cuestionamientos sobre una posible concentración del poder administrativo en su entorno familiar, situación que provocó críticas tanto en la comunidad como en el ámbito periodístico.
Al igual que en Cerrillos, el silencio oficial predomina y no hubo hasta el momento respuestas formales por parte del Ejecutivo municipal ni del Concejo Deliberante de La Candelaria, lo que alimenta la preocupación por la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Ambos casos, aunque en contextos distintos, ponen en discusión prácticas políticas que generan desconfianza social y refuerzan la demanda ciudadana por mecanismos claros, abiertos y equitativos en la designación de cargos públicos.
La denuncia en Cerrillos se suma a la investigación por la escuela fantasma 7160 que también tiene epicentro en esa localidad. La docente Celia Alancay presentó una denuncia ante la Fiscalía Penal de Cerrillos que luego fue remitida a la unidad especializada en delitos económicos. La conexión entre ambos casos sugiere que las irregularidades en el sistema educativo salteño no son hechos aislados sino parte de una práctica sistemática.
La expectativa ahora está puesta en que las autoridades brinden explicaciones y se garantice el cumplimiento de criterios basados en la idoneidad y la igualdad de oportunidades. La sociedad salteña observa con preocupación cómo los cargos públicos se reparten entre familiares y allegados a los funcionarios de turno. La pregunta que muchos se hacen es si el gobernador Gustavo Sáenz avala estas prácticas parasitarias o si por el contrario tomará cartas en el asunto.
