(SALTA).- La subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, Julieta Valencia, sostuvo que el primer paso para una mujer que sufre violencia es reconocer si realmente está atravesando esa situación y luego denunciar en la Policía. Consultada por las acciones de su área, mencionó créditos y libretas de ahorro, una respuesta que abrió interrogantes sobre el abordaje oficial de una problemática que requiere asistencia y acompañamiento.
Una consulta directa sobre qué debe hacer una mujer que atraviesa una situación de violencia de género terminó exponiendo una respuesta que generó cuestionamientos hacia la mirada oficial sobre esta problemática: “Primero debe reconocer si está realmente viviendo una situación de violencia de género. Si la reconoce y entiende que es una situación de violencia de género, lo primero es denunciar, ir a la Policía y denunciar”, afirmó la funcionaria.
La respuesta plantea un interrogante sobre el enfoque del organismo provincial encargado de acompañar a las mujeres: ¿qué sucede con quienes todavía no logran identificar que están siendo víctimas de violencia o no encuentran las condiciones necesarias para pedir ayuda?
La violencia de género no siempre se manifiesta de manera evidente. Puede incluir amenazas, control, aislamiento, violencia psicológica y dependencia económica, entre otras formas de sometimiento. En muchos casos, las víctimas atraviesan procesos complejos que dificultan tanto el reconocimiento de lo que sucede como la posibilidad de abandonar esa situación.
Créditos y libretas de ahorro ante una pregunta sobre violencia
Otro tramo de la entrevista profundizó los interrogantes sobre las prioridades de la Subsecretaría. Cuando le consultaron por las acciones que se estaban llevando adelante frente a la violencia de género, Valencia hizo referencia a créditos y libretas de ahorro. A
Aunque el acceso a recursos propios y la autonomía económica pueden ser herramientas importantes para quienes necesitan salir de relaciones violentas, la cuestión es que no ahondó en cómo su cartera acciona ante estos casos y si el acompañamiento psicológico y jurídico está presente.
De este modo, la respuesta de Valencia dejó planteada una discusión sobre el alcance de las políticas públicas provinciales. Frente a una problemática que puede poner en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres, la intervención estatal exige mucho más que indicar una denuncia o mencionar herramientas económicas.
