(SALTA).- Emiliano Durand podría gestionar las obras y la publicidad de la Municipalidad de Salta con menos controles de los previstos por la Convención Municipal. La revisión de la Carta propone eliminar la participación vecinal previa al tratamiento del presupuesto y su plan de obras, además de la prohibición de utilizar carteles y campañas oficiales para promocionar funcionarios.
Según el análisis publicado por Carta Urbana, ambas supresiones forman parte del dictamen de comisión del Senado sobre el texto elaborado por los convencionales. Los cambios todavía deben atravesar el tratamiento parlamentario: son modificaciones propuestas y no reglas definitivamente aprobadas.
Uno de los recortes afecta la posibilidad de que los vecinos intervengan antes de que se definan las prioridades presupuestarias y las obras municipales. La instancia incorporada por la Convención abriría un espacio para plantear necesidades y discutir proyectos antes de su tratamiento. Su eliminación reduciría la participación prevista en esa etapa de las decisiones de gasto.
Menos participación y límites a la promoción personal
La otra supresión alcanza al artículo que prohibía incluir imágenes, voces o alusiones a funcionarios en carteles y campañas oficiales. La disposición buscaba impedir que la comunicación institucional se convirtiera en un vehículo de promoción personal financiado por el municipio. Según el relevamiento difundido, el dictamen propone eliminar ese artículo completo.
Ambas modificaciones tienen un efecto político que excede la redacción de la Carta. Mientras una retiraría una instancia de intervención ciudadana sobre las prioridades de inversión, la otra excluiría del nuevo texto una restricción específica a la identificación de la publicidad pública con los funcionarios de turno.
La discusión alcanza directamente a Emiliano Durand, como responsable de la administración municipal, aunque las reglas también regirían para sus sucesores. El debate involucra quiénes participan en la definición de las obras y cómo se comunica después su ejecución con recursos públicos.
La decisión final corresponderá a la Legislatura. Si prosperan las supresiones descriptas, la reforma avanzará con menos herramientas de participación y límites a la promoción personal que las previstas por la Convención. Los senadores deberán explicar por qué consideran necesario retirar controles destinados a que los vecinos puedan intervenir y vigilar el uso del dinero municipal.
