(SALTA).- Neuquén acaba de instalar una discusión que podría resultar interesante para Salta. En plena expansión de Vaca Muerta, el Gobierno patagónico pretende que las petroleras contribuyan al desarrollo agrícola, incluso mediante cultivos como la remolacha, a cambio de beneficios en el canon del agua. La iniciativa plantea una pregunta para las provincias mineras: ¿pueden las grandes empresas extractivas contribuir también al crecimiento de otras actividades productivas?
La propuesta neuquina tiene fundamentos económicos concretos. Mediante el Decreto 792/2026, la provincia actualizó el canon por el uso de agua en las explotaciones hidrocarburíferas no convencionales. Paralelamente, comenzó a negociar condiciones preferenciales para las compañías que financien proyectos agropecuarios. El objetivo contempla incorporar aproximadamente 5.000 hectáreas bajo riego y promover inversiones que diversifiquen la economía regional.
En Salta, donde la minería del litio se convirtió en una actividad estratégica, el ejemplo ofrece una posibilidad de análisis. Las grandes compañías desarrollan emprendimientos que requieren inversiones millonarias, infraestructura y disponibilidad de recursos hídricos. Mientras tanto, distintas regiones provinciales conservan actividades agrícolas y ganaderas que necesitan caminos, sistemas de riego, tecnología e infraestructura para ampliar su producción.
De la remolacha neuquina al desarrollo productivo salteño
La legislación provincial ya reconoce el valor económico del agua. El Código de Aguas de Salta, establecido mediante la Ley 7017, dispone que los usuarios deben pagar un canon por su aprovechamiento. Su artículo 56 contempla expresamente el uso industrial y minero, con criterios vinculados a las características de la fuente y las condiciones de utilización. Sin embargo, la propuesta de Neuquén incorpora un elemento diferente: incentivar inversiones productivas vinculadas a ese recurso.
La experiencia no significa que Salta deba sembrar remolacha en la Puna. Las condiciones ambientales son distintas y cualquier alternativa requiere estudios específicos.
Pero la provincia podría analizar mecanismos para que las compañías mineras participen en proyectos de riego, producción de forrajes, infraestructura ganadera y recuperación de tierras productivas. El objetivo sería generar nuevas oportunidades económicas compatibles con las características de cada región.
La diferencia entre ambas provincias también aparece en el enfoque sobre las inversiones. Mientras Neuquén intenta vincular el negocio petrolero con nuevas superficies agrícolas, en Salta corresponde analizar qué programas de diversificación productiva existen alrededor de los grandes emprendimientos mineros. También resulta relevante conocer qué inversiones realizan actualmente las empresas en actividades ajenas a la explotación y cuáles son sus resultados.
El modelo neuquino contempla incentivos para las empresas que adhieran a proyectos productivos, sin reemplazar las obligaciones ambientales ni los controles sobre el uso del agua. Una eventual adaptación en Salta requeriría condiciones transparentes, financiamiento verificable y garantías para los productores y las comunidades. La propuesta no consiste en entregar más agua a las mineras, sino en estudiar cómo aprovechar mejor los recursos disponibles.
La remolacha terminó convirtiéndose en algo más que una alternativa agrícola. Neuquén propone que parte de la riqueza petrolera contribuya al crecimiento de otras actividades económicas. Salta, con una minería en expansión y enormes posibilidades agropecuarias, tiene ante sí una pregunta concreta: qué mecanismos puede desarrollar para que el crecimiento minero también impulse el campo salteño.
