(SALTA) – (Por Diego Nofal).- El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, ratificó esta semana que el oficialismo provincial no contempla otro candidato para 2027 y que la figura de Gustavo Sáenz es la única carta disponible para retener el poder ejecutivo. Esta declaración, lejos de despejar dudas, confirma una lógica de hierro que impide cualquier debate interno sobre el futuro de la provincia. La ausencia de un plan alternativo no es una muestra de fortaleza política sino la evidencia más clara de un proyecto que se agota en la figura de un solo hombre.
La insistencia en que la ley es clara y no hay margen de interpretación resulta llamativa cuando la propia Constitución provincial establece límites que el oficialismo parece decidido a soslayar con argumentos de conveniencia. Jarsún sostiene que no existen impedimentos legales para una nueva postulación, pero la discusión pública sobre la reelección indefinida sigue sin una respuesta institucional transparente que despeje las sospechas de una maniobra para perpetuarse en el cargo.
El oficialismo confunde la ausencia de un competidor interno con la solidez de un proyecto colectivo. Cuando un espacio político no puede imaginar su futuro sin la misma persona que lo condujo durante años, revela una fragilidad estructural que ningún discurso de unidad puede ocultar. La política no debería reducirse a la biografía de un dirigente por más gestión que haya acumulado en contextos adversos.
La oposición tiene frente a sí una tarea pendiente que no puede seguir postergando por comodidad o por cálculo electoral. Mientras el oficialismo se encierra en la defensa de su candidato natural, la sociedad salteña espera propuestas concretas sobre empleo, educación y salud pública. El debate sobre la reelección no reemplaza la discusión sobre el modelo de provincia que se quiere construir para las próximas décadas.
Jarsún también aprovechó la entrevista para celebrar avances en materia ferroviaria y defender el equilibrio fiscal como si se tratara de un mérito excluyente de la actual administración. Sin embargo, la realidad cotidiana de miles de salteños que no llegan a fin de mes demuestra que los logros macroeconómicos no se traducen en bienestar concreto. La gestión provincial no puede seguir vanagloriándose de obras mientras la economía familiar se desangra.
El discurso de la continuidad se sostiene sobre una promesa de estabilidad que la propia crisis desmiente a diario. Los salarios públicos y privados pierden poder adquisitivo, el comercio cierra sus puertas y las familias ajustan gastos esenciales. En ese contexto, la ausencia de un plan B no es una señal de confianza sino un síntoma de la falta de renovación política que la provincia necesita con urgencia.
La política salteña merece algo más que la repetición de los mismos nombres y las mismas promesas incumplidas. El oficialismo debería entender que la alternancia no es un peligro sino una condición necesaria para la salud democrática. Mientras Jarsún insiste en que no hay otro camino, la ciudadanía sigue esperando que alguien se anime a construir una alternativa seria y responsable.
